La Sindicatura de Comptes valenciana estima que la Conselleria de Bienestar Social necesitará un crédito presupuestario anual adicional de 114,6 millones de euros para atender las prestaciones económicas "una vez haya resuelto la totalidad de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, y entre en vigor el derecho a la prestación de las personas valoradas con un grado I", tal y como se recoge en la Ley de Dependencia. La Sindicatura ha elaborado el entregado en les Corts el informe 'Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia', que ha entregado a Les Corts Valencianes.
En este documento, el organismo analiza el nivel de implantación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, donde de los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075 dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación. A 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se encontraban pendientes de su concesión, "lo que, no obstante, supone un 56,9% menos que tres años antes", destaca.
Una vez se emitan los dictámenes pendientes, "la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios". Actualmente, la Conselleria no dispone de una memoria económica que cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales para atender dichas obligaciones futuras, por lo que la Sindicatura ha realizado la estimación.
El informe destaca que "el esfuerzo económico de la Comunidad Valenciana por beneficiario es superior a la media nacional, con 11.639 euros por persona, frente a 9.664 de media -según datos de diciembre de 2012-".
La Sindicatura evalúa, "con criterios de eficiencia, eficacia y economía", este programa, que tenía un presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de 128,83 millones de euros, lo que representa el 18,3% del total de la Conselleria de Bienestar Social.
Agilizar los procedimientos
En las recomendaciones de su informe, la Sindicatura de Comptes destaca, entre otras cuestiones, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento actual de reconocimiento de la situación de dependencia, ya que "en el 82% de los expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para dar respuesta a la solicitud".
"La complejidad del procedimiento conlleva a incurrir en un plazo excesivo que, no obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos ejercicios. Lo mismo ha ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas, que se ha situado en 14 días, lo que supone una reducción de 71 días respecto a 2012", detalla el documento.
