Los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana, los secretarios generales para la región de los sindicatos UGT y CCOO y el presidente de la patronal autonómica Cierval han firmado esta mañana el 'Manifiesto por una Financiación Justa para la Comunitat Valenciana', que aprobaron ayer los cinco grupos parlamentarios de Las Cortes Valencianas y que ha sido rubricado también por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Puig anunció la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo firmado por los representantes políticos y de la sociedad civil, para que el Gobierno valenciano dé cuentas de forma permanente a Las Cortes y a todos los firmantes del proceso de negociación, para conseguir que el pacto tenga "continuidad y vida". El presidente se comprometió a que "pase lo que pase el 20 de diciembre, sea el gobierno que sea, la voluntad de reivindicación será la misma".
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, fue el encargado de explicar a los representantes del mundo político, económico y social presentes en la ratificación del manifiesto, el contenido de la resolución que ayer fue aprobada en el pleno de Las Cortes Valencianas por unanimidad de los cinco grupos parlamentarios. En ella se exige al Gobierno central una reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómico, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, el reconocimiento de la deuda histórica y un mecanismo para compensarla, además de la ejecución de inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso población de la Comunidad Valenciana.
En la iniciativa, las Cortes destacan que "los valencianos nos hemos empobrecido, pero continuamos pagando como ricos" y señalan que si la comunidad hubiera recibido una financiación por habitante equivalente a la media entre 2002 y 2013, "habría ingresado 12.433 millones, lo que equivale a más del 50 por ciento del crecimiento de la deuda pública autonómica en este periodo". Respecto a las inversiones, la Cámara valenciana subraya que, a pesar de que la Comunidad Valenciana cuenta con el 11 por ciento de la población española, las inversiones del Estado en esta autonomía se han situado frecuentemente entre el 6 y el 7 por ciento del total.
"No es posible la autonomía política sin la autonomía financiera", insitió Soler.
El presidente de Cierval, José Vicente González, considera que se trata "de un acuerdo imprescindible, que nos tiene que servir para avanzar". "Las empresas valencianas se han tenido que reinventar durante la crisis solas, sin un euro de inversión estatal, cuando en otras comunidades sí se ha invertido. Es necesario tomar medidas para impulsar nuestra economía y las capacidades latentes", apuntó. González animó a políticos y empresarios a realizar una labor de pedagogía y concienciación respecto al problema de la financiación y la falta de inversiones en la comunidad en todas las esferas de la sociedad y en otras regiones, "porque ese boca a boca puede hacer más que cualquier campaña institucional".
Unidad por encima del "combate electoral"
"Los acuerdos no se hacen para firmarse, sino para que se llegue al objetivo", aunque "no va a ser fácil", apuntó Puig, que destacó que haber logrado un acuerdo unánime, más allá de las diferencias políticas o culturales, "es un gran paso" que no debe romperse "por ningún combate electoral". "Comienza una nueva etapa que van a protagonizar los intereses generales de los ciudadanos de esta Comunitat", aseguró.
"Tenemos que acabar con una injusticia, paso a paso, con firmeza y por eso ayer fue un día importante en Les Corts Valencianes y hoy es un día importante en el Palau de la Generalitat, porque no es sólo un debate entre políticos, no es un debate entre instituciones; es un problema que acaba afectando directamente a cada una de las personas de esta comunidad", destacó.
El presidente quiso también hacer un agradecimiento especial al profesor Paco Pérez y a todos los expertos que "han puesto en solfa los números de nuestra realidad". E n esta línea, menció el trabajo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que "originó un momento muy oportuno que hemos aprovechado todos los que hemos hecho esa labor pedagógica en toda España para convencer de que no es un problema identitario, ni de victimismo, es simplemente una cuestión de justicia, de cumplimiento de la Constitución y de cumplimiento de la Lofca".
