La Generalitat Valenciana ha acusado al Gobierno central de retrasar la entrega de 1.440 millones de euros de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) que estaban "comprometidos" para julio, lo que está poniendo en una "situación límite" al Ejecutivo autonómico. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, cree que este bloqueo supone una "clara deslealtad institucional por parte del Ministerio de Hacienda" que atribuye a "principios políticos", dado que, hasta las elecciones del 24 de mayo, en las que el PP perdió el gobierno de la comunidad, se recibieron más de 2.000 millones de los FLA, "sin incidencias".
"No hay autonomía política si no hay autonomía financiera", advirtió Soler, que destacó que el 80,4 por ciento del presupuesto anual de la región estaba ya comprometido en junio, lo que limita la capacidad de actuación del actual Ejecutivo hasta final de año. Asimismo, informó de que la infrafinanciación y la alta de deuda (que cifró en 43.624 millones) ha llevado a situar la previsión de déficit para el año en un mínimo del 2,2 por ciento del PIB (unos 2.200 millones de euros), muy lejos del objetivo del 0,7 por ciento marcado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.
Este Ministerio cifra el déficit de la comunidad hasta julio en el 1,02 por ciento del PIB, si bien la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, aseguró que, a 30 de junio de 2015, la Generalitat Valenciana presentaba un resultado económico-patrimonial con unas pérdidas de 1.690 millones de euros.
Soler y Ferrando advirtieron, además, que ese nivel de déficit podría incrementarse, "si aparecen nuevas facturas y partidas no contabilizadas presupuestariamente". Soler dijo que la Intervención de la Generalitat ha realizado un informe sobre la situación financiera de la comunidad a día 30 de junio, para saber lo que encontraba el nuevo Gobierno, que revelea que se han encontrado facturas 'en el cajón' por 600 millones (400 millones de sanidad) y cifra en 1999,86 millones las operaciones pendientes de aplicar a presupuestos (entre ellas, vinculadas a Sanidad y a las Universidades). "Son gastos que hemos encontrado por ese valor hoy, pero mañana no sabemos si será más", subrayó el conseller.
Además, la secretaria autonómica señaló que, a día 30 de junio, la Administración valenciana tenía obligaciones pendientes de pago de este año por valor de 1.538 millones de euros, que se sumarían a los 739 millones pendientes de pago de ejercicios anteriores.
Incumplimientos también en ingresos
Con respecto a los ingresos, el informe de la Intervención señala que, a 30 de junio, los derechos reconocidos en transferencias corrientes únicamente alcanzaban el 1,16 por ciento, lo que supone 22 millones frente a los 1.970 millones previstos en el presupuesto. Y, sobre la enajenación de ingresos reales, en la venta de patrimonio, donde se preveían unos ingresos de 150 millones de euros, solo se habría logrado el 0,19 por ciento de lo previsto y 286.510 euros, lo que, en opinión de Ferrando, pone de manifesto "la inconsistencia de este capítulo".
Soler considera que esta radiografía sitúa a la comunidad "en una situación inaceptable, nada democrática e inconstitucional, y no vamos a dejar de exigir lo que se merecen cinco millones de valencianos, porque exigimos ser tratados como el resto de españoles".
