El juzgado de lo Penal 1 de Alicante ha fijado para los días 19, 20 y 21 del próximo enero el juicio contra Enrique Ortiz, Rafael Galea (de Hansa Urbana) y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal superior a los 6 millones de euros en una operación inmobiliaria, según han informado fuentes judiciales. La fiscalía pide, provisionalmente, para los seis acusados penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil, según el escrito del ministerio público, además de multas de 10 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de gozar de subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos, tanto fiscales como de la Seguridad Social, durante otros cinco años.
Los hechos juzgados se remontan al ejercicio fiscal de 2005. Fueron denunciados por la Agencia Estatal Tributaria el empresario Enrique Ortiz; su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá; el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas.
El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios de la Audiencia Provincial de Alicante, Antonio López Nieto, sostiene que todos ellos se confabularon "con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", que ha sido tasado por ésta en 6,10 millones de euros.
El presunto fraude fiscal se centró en nueve fincas rústicas ubicadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.
Esas nueve parcelas se ubican en una de las zonas de expansión urbanística de Alicante más importante de la pasada década y la propia promotora, participada en su época por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), solicitó su recalificación en su día, por lo que tenía la intención de destinarlas a edificación, según el fiscal.
Sin embargo, la propietaria simuló, supuestamente en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas, por un importe total cercano a los 3 millones de euros, a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "inmovilizado", es decir, como activos de la empresa dedicados a servir de forma duradera a la obtención de beneficios mediante el alquiler.
Esa maniobra contable permitió a la inmobiliaria participada por la CAM beneficiarse de una deducción fiscal indebida por reinversión de beneficios extraordinarios en el impuesto de sociedades.
