El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, encargado de investigar presuntas irregularidades en la gestión del Puerto de Valencia, ha citado a declarar como imputados a los que eran en 2004 miembros del consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal (VPI), entre ellos, al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, al exconcejal de Urbanismo y actual diputado del PP en las Corts, Jorge y al ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón.
El instructor ha citado a declarar el 28 de octubre a partir de las 09.30 horas, a los miembros del consejo de administración que presuntamente autorizaron en 2004 el cobro de sobresueldos para el expresidente del Puerto, Rafael Aznar -que fue cesado en su cargo a finales de julio-, y otros directivos de la entidad.
En el caso de Bellver, al ser actualmente diputado en las Corts Valencianes, el juzgado no podrá tomarle declaración, sino que deberá inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, competente en los casos con aforados, o suspender esa comparecencia.
En el caso de Grau, que, junto con Bellver, formaba parte del consejo representando al consistorio, dimitió como concejal del Ayuntamiento de Valencia tras decidir la Audiencia de Palma que se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos. Las acusaciones, representadas por PSPV y Manos Limpias, piden para él once años de prisión por los contratos para que el Instituto presidido por el Duque de Palma organizara los Valencia Summit.
Asimismo figuraban en el consejo de administración de VPI, como representantes de la Generalitat, el exresponsable del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio o el ex secretario autonómico de Turismo y Grandes Proyectos Luis Lobón quien, al igual que Grau, está acusado en el 'caso Nóos'. Para él, Fiscalía pide ocho años de prisión.
Varias investigaciones
El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia investiga, por una parte, presuntos delitos de malversación y prevaricación, en una causa en la que están imputados el expresidente de la APV, Rafael Aznar -que fue sustituido en el cargo por Aurelio Martínez en agosto-, otros dos directivos en ese momento -uno de ellos sigue en la entidad-, un trabajador técnico contable y un abogado del Estado.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una nueva investigación sobre gastos de personal de la entidad portuaria, adaptación de los accesos para la F-1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal, unos hechos denunciados por Compromís. Esta denuncia dio lugar a otra investigación en el mismo juzgado en la que el ministerio público pidió un informe de la Guardia Civil sobre el acceso alternativo al Puerto que debía abonar Valmor -adjudicataria del Gran Premio de Europa- pero que fue sufragado en su mayoría por la APV.
Valmor Sports está siendo investigada, a su vez, en el TSJCV en otra causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión para la celebración del Gran premio de F1, en un procedimiento en el que se incluye al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, entre otros.
