PSPV, Compromís y Podemos han presentado conjuntamente en Las Cortes Valencianas una proposición de ley con el fin de derogar las leyes anteriores que el Gobierno de Alberto Fabra dictó para el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), a finales de 2013 y en 2015, con el objetivo de recuperarla "con todas las garantías jurídicas" ante el "sudoku jurídico" que estableció el PP para su cierre. Esta norma se tramitará por el procedimiento de urgencia, de manera que esperan que pueda ser aprobada "en tres o cuatro meses".
Una vez aprobada y, con ello, derogadas las leyes anteriores, el PSPV retirará el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la norma de 2013 que decretó el cierre de RTVV. A su vez, ese paso abrirá la puerta a que la Audiencia Nacional decida sobre la legalidad o no del ERE en la sociedad, contra el que se presentó una demanda colectiva.
En la proposición de ley se establece, entre otras exigencias, que los liquidadores de RTVV hagan una auditoría para conocer la situación actual de la sociedad, la deuda acumulada, la valoración de los bienes, obligaciones pendientes y otras cuestiones de utilidad, en un plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Asimismo, les encomienda que lleven a cabo las operaciones mercantiles necesarias para adjudicar a la Generalitat los bienes y derechos que sean precisos para la prestación del servicio.
La Generalitat tendrá, a su vez, que hacer un informe con las necesidades técnicas que se requieren para las emisiones con los bienes y activos disponibles.
Asimismo, se llevará ante la comisión parlamentaria el documento de síntesis encargado al Foro Social para aglutinar las propuestas de modelos para una nueva RTVV y, de hecho, los tres grupos han puesto en valor que se pretende que Las Cortes sean el centro desde el cual se tutele todo el proceso, de forma consensuada, de ahí que esta iniciativa se haya presentado como proposición de ley.
Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado no querer "anticipar hechos" y ha incidido en que "legalmente es muy complicado" aunque estudiarán la proposición. "No son conscientes del problema jurídico, tengo serias dudas sobre la legalidad", ha dicho Bonig, que ha pedido al Consell "no más postureo", sino acciones de gobierno.
Plazo de un año
Desde la aprobación de esta proposición de ley, Las Cortes tendrán un plazo máximo de un año para dictar la ley reguladora de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat. Asimismo, una disposición de la proposición establece que, una vez examinado por la Cámara el informe presentado a través del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación, "si no se hubiera aprobado la ley reguladora, el Consell podrá acordar la recuperación en pruebas de la señal", dando cuenta de los motivos que justifican la decisión.
También establece que "de acordarse la recuperación de señal durante el ejercicio 2015", se enmarcará en las partidas presupuestarias destinadas al proceso de disolución y liquidación de la sociedad.
