
Juan Carlos Moragues (Gandía, 1969) ha recorrido más de 10.000 kilómetros de carreteras de la Comunidad Valenciana en sus cinco primeras semanas como delegado del Gobierno en la región, cargo que ha asumido con dos retos: trabajar para resolver los problemas reales de los ciudadanos y mantener la línea de congruencia y coherencia en sus decisiones que le valió el respeto político dentro de su propio partido y de la oposición en su etapa como conseller de Hacienda y Administración Pública (desde diciembre de 2012 a junio de 2015).
El nuevo Gobierno valenciano defiende una política rupturista respecto a la gestión del anterior Consell. ¿Puede ser un freno a la recién iniciada recuperación?
Cuando llegué a la política, en diciembre de 2012, como conseller de Hacienda, la situación económica era muy complicada. En dos años y medio, hemos pasado a ser la segunda autonomía con mejor evolución del PIB y la tercera en materia de empleo. Pero aún hay mucho por hacer, y desandar el camino no sería bueno para nadie. Como en cualquier familia, hay que hacer los deberes y ser responsables. A menudo, cuando se habla de estabilidad presupuesataria se habla de recorte de servicios, pero no ha sido así. Los servicios básicos están garantizados y las expectativas son buenas, y los mercados lo han premiado. A las agencias de rating y a los organismos e instituciones internacionales, como el FMI, no les preocupa tanto la evolución económica de la región y de España, que es positiva, como la incertidumbre política. Es fundamental un ambiente de estabilidad. Si crece el gasto puro, aumenta el déficit, los mercados empiezan a dudar y crece el coste de la deuda, con más intereses, se pondría en riesgo la infraestructura de servicios, además de las inversiones. El dinero es muy miedoso y busca seguridad, rentabilidad y liquidez. Ya hay proyectos de inversión, nacionales e internacionales, paralizados a la espera de analizar la nueva situación política de la comunidad. Lo estamos viendo en Cataluña. Si las decisiones se toman sobre ideas independentistas, la inversión se va a otro sitio.
Ximo Puig ha convertido el modelo de financiación autonómica y la reclamación de más inversión estatal en sus armas contra el Gobierno. ¿Qué le diría?
Le diría que, si lo criticas absolutamente todo, pierdes credibilidad. Lo cierto es que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, somos la segunda autonomía con mayor aumento de la financiación, un 11,79 por ciento, y, en la práctica, recibiremos 1.600 millones de euros más en 2016 que en 2015. Además, es la tercera que más crece en inversión territorializada, y se contemplan las inversiones prioritarias, entre ellas, el Corredor Mediterráneo. En el año 2011, se habían invertido cero euros en esta infraestructura. En esta legislatura, y con lo asignado en 2016, sumará más de 6.400 millones y el compromiso es que esté operativo a final del próximo año. Cuando antes no se hizo nada, no se tiene legitimidad para criticar.
Que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada es una obviedad que el propio Gobierno de España ha admitido. Existe un compromiso de cambiarlo y ya se está en plena negociación del nuevo modelo. A principios de septiembre, se entregará un informe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y habrá un grupo de trabajo. Vamos a resolver otro de los rotos que hizo el Gobierno socialista, que, con sus decisiones de no actualizar el aumento de un millón de habitantes en la comunidad, en 2004, y de aprobar un modelo que beneficiaba al tripartito, en 2009, provocó que pierda más de 1.000 millones de euros año tras año.
El Estado ha inyectado fondos entre 2012 y 2015 para garantizar los servicios públicos y se han regularizado lo pagos con proveedores hasta mayo. Ahora, la mayor parte de los cerca de 40.000 millones de endeudamiento de la región, son deuda con el Estado y sin intereses. Esto supone que la comunidad va a pasar de pagar 1.200 millones de intereses por la deuda en 2014 a 250 millones en 2016. Esto, y la mayor dotación presupuestaria, permitirá reducir el déficit; podemos pasar del 2,39 por ciento en 2014 al 1,7 por ciento este año. Si en vez de seguir con esa línea se va hacia un alza del gasto público, se generará incertidumbre y las consecuencias serán negativas. En poco más de un mes, el Consell ha creado nuevos entes públicos, que necesitan infraestructura y un presupuesto.
El Consell ha amenazado con llevar a los tribunales el cambio de modelo de financiación.
El cambio de modelo depende de una negociación política, y no se puede llevar a los tribunales. El problema es que en la Comunidad Valenciana, tenemos dos gobiernos en uno, uno socialista y otro de Compromís, y, desgraciadamente, está ganando Compromís. Compromís apuesta por el enfrentamiento, por el litigio con el Gobierno central. Una cosa es reivindicar y reclamar y otra enfrentarte al Gobierno y al marco constitucional y hacer una política nacionalista y de desprecio a la simbología nacional (la bandera, el himno,...), como está ocurriendo. El propio conseller de Educación se ha alineado con la política de los 'países catalanes'. Compromís está aplicando medidas intervencionistas y de control de las personas. Nos dice cuándo y dónde tenemos que ir a comprar, a qué colegios tenemos que llevar a nuestros hijos... Lo importante es la libertad y poder elegir y los valencianos nos sentimos españoles, no hay sentimiento independentista. Ha habido un cambio de roles, pero siguen actuando como oposición, en este caso, al Gobierno de España.
¿Le preocupa el resultado de las próximas elecciones generales?
A mí me preocupa especialmente Pedro Sánchez. La política consiste en la alternancia, pero siempre tenemos que tener sentido de Estado y responsabilidad y situar el interés general y de los ciudadanos por encima del interés partidista, y no poner en riesgo el Estado del Bienestar. Eso lo han cumplido, hasta ahora, todos los presidentes del Gobierno. Pero ahora el PSOE está dispuesto a pactar con cualquier partido para cumplir su objetivo de echar al PP, y nos jugamos mucho con ello. Que se planteen acuerdos con Podemos, que sabemos a qué juega y cuál es su modelo político, de ruptura con el marco constitucional, intervencionismo, limitar la economía de mercado,... Es un modelo que no se ha inventado ahora y que ha tenido resultados desastrosos donde se ha intentado aplicar. Pactar con cualquiera con tal de echar al PP no es responsable.