El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y los presidentes de las tres diputaciones provinciales, Jorge Rodríguez (Valencia), Javier Moliner (Castellón) y César Sánchez (Alicante), han ratificado su disposición de trabajar conjuntamente para poner en marcha una Agencia Tributaria Valenciana, con el objetivo de "mejorar la eficiencia de la recaudación y la lucha contra el fraude fiscal".
Para ello, el nuevo organismo centralizará la recaudación de los impuestos cedidos a las autonomías (entre ellos, los de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales) y la gestión de esos ingresos. Además, contará con una unidad especial de lucha contra el fraude.
Puig explica que la Agencia Tributaria Valenciana se concibe como "un consorcio" con el que se busca una mayor coordinación y la unión de recurso, "que pueda contribuir a reforzar la situación económica general de la comunidad", con un mayor control de la gestión.
En este sentido, ante las voces que apuntan a que la intención del Consell es, en la práctica, eliminar las competencias recaudatorias de las diputaciones, Puig afirma que "se trata de hacer políticas compartidas que tengan como prioridad el gasto" y "no de vaciar la caja" de las instituciones provinciales.
El nuevo organismo se diseñará con una estructura con alto grado de profesionalización, con predominio de los perfiles técnicos, y se configurará una unidad especial de lucha contra el fraude, que dispondrá de un equipo propio de inspección. Se da la circunstancia de que la Comunidad Valenciana es una de las regiones con un mayor peso de la economía sumergida.
"No puede haber personas que no contribuyan, porque eso supone que otras tiene que contribuir más. Hemos de mejorar la eficiencia en la gestión de los tributos y se debe hacer de manera colaborativa", subraya Puig. El presidente añade que esta mejora "repercutirá en los ciudadanos y en el propio funcionamiento de las instituciones".
La puesta en marcha de la Agencia Tributaria Valenciana es uno de los puntos recogidos en el Acord del Botanic (documento que recoge las bases del gobierno de coalición de PSPV y Compromís, con el apoyo de Podemos) y está prevista en el artículo 69 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (aprobado con el respaldo de PSPV y PP). En otras regiones, como Cantabria, Asturias, Andalucía, Galicia, Baleares y Murcia ya existe esta figura y Cataluña acaba de anunciar su futura puesta en marcha.
Nuevo modelo de financiación
Puig considera fundamental el respaldo de las tres diputaciones provinciales en la mejora de la financiación de la comunidad. "La clave es el apoyo en ese proyecto común que es la Generalitat y en lo que tiene que ver su financiación", para "garantizar la igualdad de oportunidades" en todos los municipios de la Comunitat Valenciana.
En esta línea, los tres presidentes de las diputaciones provinciales han manifestado un apoyo total al Consell para defender ante el Gobierno central las reclamaciones básicas de la región: un nuevo modelo de financiación autonómica, la renegociación de la deuda (que ronda 40.000 millones de euros) y un volumen de inversiones públicas que iguale la aportación de la comunidad al PIB nacional (en torno al 11%).
Puig considera que estas propuestas son fundamentales para "garantizar la viabilidad" y "autogobierno" de la comunidad y para poder tener "acceso a financiación" en los mercados internacionales.
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