José Vicente González ha sido reelegido presidente de la patronal empresarial autonómica, Cierval, por cuatro años más, por unanimidad entre todos los asistentes a la asamblea celebrada esta mañana. González dio protagonismo en su discurso de apertura del nuevo mandato a las políticas de apoyo a la industria tradicional, el turismo y la agricultura en la región, así como a las demandas al Gobierno central de reforma en el sistema de financiación autonómica e incremento de las inversiones en la región. En este contexto, planteó "una quita del 50%" en el volumen de deuda de la Comunidad Valenciana, parte que considera atribuible "a la infrafinanciación" que ha sufrido la región en los últimos años.
Respecto al otro 50% de la deuda, considera que "hay una parte de la deuda que seguramente la hemos generado los propios valencianos, los gobiernos valencianos estirando el brazo más que la manga. Ésa nos toca pagarla a nosotros".
"La deuda completa simplemente no la podemos pagar", afirmó. González subrayó que la quita planteada puede abordarse a través de diferentes "sistemas" y "soluciones técnicas", entre las que puso como ejemplo quitas parciales, renegociaciones, reestructuraciones o periodos de carencia. "Lo que hace falta es voluntad política para solucionar los problemas de una vez", añadió.
"Infrafinanciación, deuda y falta de inversiones son un cóctel que lastra nuestra capacidad de desarrollo", destacó. "Somos una de las cuatro únicas comunidades autónomas que tienen una balanza fiscal negativa, es decir, que aportamos al Estado más de lo que recibimos de él. Acabamos de conocer las cifras ayer mismo: aportamos 1.453 millones más de lo que recibimos. La infrafinanciación hay que resolverla junto al Estado y las otras comunidades autónomas y para ello, hay que poner todos los ingresos encima de la mesa. No queremos más que nadie pero tampoco estamos dispuestos a tolerar ser menos que nadie y eso se llama recibir una financiación, como mínimo igual a la media nacional", detalló.
En esta línea, apuntó que se trata de deuda contraída con el Estado, por lo que "sería tan sencillo, como cambiarla de columna" en las cuentas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presente en el acto, respaldó la demanda de González. Puig destacó que no se trata de adoptar "una posición victimista", sino de reclamar algo "que es justo". Asimismo, afirmó que no llegar a una quita no supondría un trato de favor para la Comunidad Valenciana, puesto que "el Gobierno actual ya lo ha hecho antes; ha condonado parte de la deuda de una comunidad autónoma en concreto".
En cuanto a las inversiones regionalizables del Estado, González apuntó que "los Presupuestos Generales deben destinar a la Comunidad Valenciana como mínimo el 10,7% de la inversión total del estado en las Comunidades Autónomas". "Es tiempo de acabar la conexión con AVE entre Alicante, Valencia y Castellón con su prolongación a Tarragona. Es hora de acabar con el tercer carril, esa especie de remedo del Corredor Mediterráneo de verdad, con el que nos hemos conformado como solución provisional, que no definitiva. Hay que conectar ferroviariamente nuestros puertos, solucionar la grave situación hídrica que afecta sobre todo a la provincia de Alicante. El Ministerio de Fomento tiene un plan de infraestructuras para los próximos 10 años, perfectamente priorizados, que le entregamos todas las organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana", reclamó.
El presiente de la CEOE, Juan Rosell, respaldó estas demandas, que, indicó, están recogidas en los documentos estratégicos de la patronal a nivel nacional. "Ojalá que se hubiesen hecho (las inversiones) hace 20 ó 25 años, hubiésemos sido todos en general, no sólo la Comunidad Valenciana, más competitivos", destacó.
Recuperar el peso de la industria
"Necesariamente tenemos que hablar y actuar sobre nuestro modelo económico. La industria tiene que recuperar el peso específico que siempre tuvo en nuestra comunidad. El objetivo de que el 20 % del PIB provenga de la industria es irrenunciable. Y tenemos los mimbres. Nuestros sectores tradicionales, el metal mecánico, el azulejero, el calzado, el textil, han sufrido enormemente durante la crisis pero han resistido y han de ser la base de nuestra recuperación industrial, sin olvidar naturalmente las nuevas tecnologías. Hay que revitalizar los institutos tecnológicos, algunos de ellos hoy languideciendo, dándoles un nuevo impulso. E incentivar la colaboración entre la Universidad y la empresa", apuntó.
El presidente de Cierval defendió la competitividad de las empresas valencianas. "Las cifras de las exportaciones e importaciones de la Comunidad Valenciana son espectaculares. Con datos de final de mayo, tiene un ratio de cobertura del 120,7%, frente al 91,6 % de España. Nada más y nada menos que un 29,1 % más. Somos ya, prácticamente la segunda comunidad autónoma más exportadora de España (tras Madrid), con 11.756 millones de euros en los primero 5 meses de 2015".
González defendió la lucha contra la corrupción y la economía sumergida, no sólo por sus costes en términos económicos, sino también por su impacto negativo sobre la imagen de la comunidad, "que nos perjudica a todos". "Imagen absolutamente desproporcionada porque desgraciadamente corrupción ha habido en muchas comunidades autónomas no solo en Valencia", indicó.
Estabilidad política y seguridad jurídica
Respecto al nuevo Ejecutivo valenciano, el presidente de Cierval apuntó que "le pedimos estabilidad, predictibilidad y unidad de criterio. Y algo muy importante: seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica y predictibilidad no se genera confianza y sin confianza no hay inversión y por tanto generación de puestos de trabajo. Solo hay que mirar lo que les ha pasado a los griegos", advirtió.
González confía en que se pueden lograr resultados positivos. "Es un gobierno de coalición y aunque los valencianos siempre hemos tenido gobiernos de mayorías estables o absolutas, si se hacen las cosas correctamente funcionará bien. Los gobiernos de coalición son moneda común en la mayor parte de los países europeos", dijo.
Entre sus solicitudes a la nueva Administración autonómica, planteó la necesidad de "racionalizar las administraciones públicas, evitando las duplicidades para atender mejor a los ciudadanos y al mismo tiempo disminuir el gasto corriente y aumentar la inversión productiva".
