"Yo estaría dispuesto a que la Generalitat pagara los 19 millones sin problema", si el Gobierno central abordase la reforma del modelo de financiación autonómica, con un sistema que acabase con la actual situación de "infrafinanciación" que sufre la región, afirmó esta mañana el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, respecto a la multa impuesta por Bruselas al Estado español por la manipulación de los datos del déficit valenciano, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit y deuda de España. "Éste sería el menor problema", añadió.
Puig aseguró que, en el caso de las facturas ocultas que ha dado pie a la sanción, "hubo connivencia entre el gobierno de España y la Generalitat, y eso hay que situarlo en el espacio de la infrafinanciación". Subrayó que, si esos 19 millones de euros los tiene que pagar la Generalitat, en la actual situación económica, "sería un nuevo handicap" para su recuperación y desarrollo.
Estado y Comunidad Valenciana se atribuyen mutuamente la responsabilidad del pago de la sanción. Bruselas sólo recuerda que está dirigida contra el Estado español, que es el responsable de hacer frente al pago, independientemente de dónde obtenga los fondos con qué hacerlo.
El nuevo conseller de Hacienda, Vicent Soler, emplazó ayer al Gobierno de España a hacerse cargo de la multa "puesto que no sería justo que los ciudadanos tuvieran que pagar la negligencia de sus gobernantes". "En caso de pagarla los valencianos, significaría mermar aún más sus servicios sociales, y su acceso a la educación, la sanidad y el bienestar social", añadió.
Recurso
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, explicó que el Gobierno ha recurrido ya esta sanción, "porque creemos que no es un falseamiento, sino una discrepancia contable. Y ahí seguimos peleando como siempre para arreglar este problema".
García-Margallo afirmó que la multa podría haber ascendido a 2.000 millones de euros, máximo previsto en la normativa comunitaria aplicada, y que la reducción hasta el actual importe, 18,93 millones de euros, se ha conseguido gracias a una "pelea monumental" del Gobierno español. No obstante, y preguntado por quién tendría que hacer frente al pago, el Estado o la Comunidad Valenciana, el ministro afirmó que confía en que se admita el recurso del Gobierno y no haya que pagar. "No admito la hipótesis. Ya hemos bajado de 2.000 a 18 millones y a mí no me gusta perder ni al parchís", subrayó.
Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno, y anterior conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se pronunció en la misma línea que el ministro. "La sanción se impone al Reino de España, que es el que da cifras de déficit a las autoridades europeas, pero también es verdad que no ha habido intencionalidad y que esa práctica contable imputable a la Intervención General de la Generalitat ha sido corregida por el anterior gobierno del que yo formaba parte. Hay que esperar a los pronunciamientos del tribunal", destacó.
Multa por "negligencia grave"
La Unión Europa confirmó ayer la multa de 18,93 millones de euros al Estado español por el caso de la manipulación de datos de deuda y déficit en la Comunidad Valenciana, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit y deuda españoles. Se considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana). El Gobierno español cree que "no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE".
Se trata de la primera vez que la UE sanciona a un estado por la legislación comunitaria que penaliza la manipulación de estadísticas."Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", según recoge el informe de la Comisión Europea.
No obstante, se considera que el importe es "simbólico", dado que la norma contempla multas de hasta el 0,2 por ciento del PIB del estado sancionado (lo que, en el caso de España, supondría 2.000 millones). Ello se debe a que se cree que la tergiversación "no fue intencional" y a "factores atenuantes", entre ellos, la cooperación de las autoridades españolas y valencianas y que las cuentas se han regularizado.
La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011. La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.
En 2012, el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, hasta el 8,9 por ciento, tras tener conocer estos gastos.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda".
También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España". Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.
