La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) denuncia, una vez más, que la demora de los compromisos del Ministerio de Fomento para realizar las inversiones que requiere la mejora de la línea ferroviaria que conecta Sagunto con Zaragoza, atenta directamente a la competitividad de la economía valenciana. Se pronuncia así tras conocerse que Adif ha prohibido a General Motors utilizar esta vía ferroviaria para trasladar sus vehículos desde Figueruelas (Zaragoza) a Valencia para su exportación. La CEV considera que esta situación tiene un impacto negativo en la actividad de las empresas y del Puerto de Valencia y le resta posicionamiento frente a sus competidores. La CEV cifra las inversiones prioritarias necesarias en 360,5 millones de euros.
La Confederación destaca que estas inversiones podrían realizarse en varias fases. El tramo Teruel-Zaragoza puede ponerse en situación competitiva de servicio con una inversión de 38,5 millones de euros, mientras que para el tramo Teruel-Sagunto la inversión sería de 142 millones. Electrificar la línea en todo su recorrido supondría unos 180 millones de euros de inversión. Todo ellos sumaría los 360,5 millones de euros.
Las consecuencias por la ineficiencia de esta línea para las empresas valencianas son claras: pérdida de competitividad, pérdida de los tráficos con la plataforma logística de Zaragoza y pérdidas para las empresas ferroviarias que han intentado explotar el corredor. Basta un dato: el puerto de Barcelona tiene 27 servicios a la semana con Zaragoza; el de Valencia, ninguno.
La CEV, que en el mes de marzo hizo público el Estudio del Corredor Cántabro-Mediterráneo, elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, la Autoridad Portuaria de Valencia y las empresas asociadas a la CEV Noatum y Logitren Ferroviaria- ya alertó entonces que las empresas valencianas que quieren utilizar esta conexión ferroviaria, o bien pierden eficiencia al tener que pagar extra costes por los rodeos que se dan para llegar de Valencia a Zaragoza y más al norte, o bien pierden actividad económica al no ser suficientemente competitivas en su conexión con estas comunidades.
Los servicios actuales entre Valencia, Zaragoza y el País Vasco se ven obligados a utilizar rutas alternativas lo que supone la realización de 365.000 kilómetros más al año, con un coste energético adicional de 1,65 millones de euros al año y una emisión adicional de 11.570 T de CO2.
Financiación autonómica
La CEV demanda a la Administración Central el respaldo que la Comunitat Valenciana requiere en este momento para conseguir consolidar el crecimiento de la economía y el empleo. Denuncia, por tanto, que lejos de este respaldo las decisiones que no se están adoptando dificultan esta consolidación de la recuperación.
En este sentido, los empresarios de la CEV consideran inaceptable e inasumible el nuevo incumplimiento del ministerio de Hacienda de su compromiso de iniciar ya la reforma del actual modelo de financiación autonómica que castiga a la Comunidad con una infrafinanciación que imposibilita la reactivación de la economía.
