La lucha por el poder interno en el tripartito de izquierdas valenciano que gobernará la comunidad ya tiene vencedor: el secretario general del PSPV, Ximo Puig, será el presidente del Consell, y Mònica Oltra ocupará la vicepresidencia y será la portavoz del futuro gobierno. No obstante, Puig ha cedido en gran parte de las líneas programáticas de Compromís y Podemos.
La configuración del nuevo Consell está aún por cerrar, pero se plantean, inicialmente, diez consellerias: la de Presidencia y la de Política Inclusiva e Igualdad (ambas las asumiría Oltra); Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; Economía Sostenible, Industria, Turismo y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Medio Ambiente, Cambio Climático y Agricultura; Sanidad Universal y Salud Pública; Hacienda y Administración Pública; Justicia y Gobernación, y Derecho a la Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Compromís propone que cuatro sean ocupadas por el PSPV, cuatro por Compromís y dos por Podemos. Este partido ha anunciado que no quiere tener consellers, por lo que podría nombrar independientes. Con este reparto, el bloque Compromís-Podemos tendría más fuerza dentro del Consell que el PSPV.
Esta circunstancia se refleja ya en el 'Pacto del Botànic', que recoge las líneas básicas del tripartito. Algunas eran propuestas comunes, como el impulso de servicios públicos, el apoyo a la industria o la petición de un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero, en otras, el PSPVha tenido que asumir ideas de Compromís y Podemos. Entre ellas, la garantía del derecho a la vivienda y al suministro de agua, luz y gas; que el Instituto Valenciano de Finanzas sea un banco público (a lo que el PSPV se oponía), o la negociación de un plan de reestructuración de la deuda de Generalitat con acreedores (si bien, el PSPV logró eliminar la petición de impago a entidades financieras).
El pacto recoge otros dos puntos de conflicto, en este caso con la Administración del Estado: el reconocimiento de la deuda histórica y la creación de una Agencia Tributaria autonómica propia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se apresuró a advertir que este organismo "vulneraría la Constitución", por lo que, en caso de aprobarse, sería "impugnado por el Gobierno", tal y como ya se ha hecho en Cataluña.
En respuesta, Compromís indica que "está recogida en el artículo 69.1 del Estatuto de Autonomía vigente, aprobado en 2006 cuando el PP tenía mayoría en el parlamento".