La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cese del delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, detenido este viernes por la Policía acusado por corrupción en la concesión de contratos públicos durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha detenido al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a la empresa Avialsa, a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación. La Udef han desplegado una operación en Valencia en la que está habiendo diferentes registros, entre ellos, en la Consellería de Gobernación.
La 'número dos' del Ejecutivo ha anunciado que se toma esta decisión "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial". El sustituto deebrá superar un informe de idoneidad para el puesto y, cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado.
Sáenz de Santamaría ha señalado que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la ley del alto cargo, una de las normas del paquete de regeneración democrática presentado por el Gobierno.
Ha defendido la medida como "oportuna" y otras exigencias de la nueva ley, aunque no puede sustituir a la investigación que realizan la justicia o la policía y que ha supuesto la detención de Castellanos. "Hemos decidido el cese inmediato cuando hemos conocido la información", ha insistido.
Suspensión de militancia
El cese de Castellano se produce inmediatamente después de su suspensión de militancia por parte del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
El Presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alfredo Castelló, y la Vicesecretaria del mismo, Tania Ortiz, acordó esta mañana la apertura de expediente informativo a Serafín Castellano Gómez, con nombramiento de instructor del mismo y, también, su suspensión cautelar de militancia.
El PP considera que los hechos que se han conocido conculcarían, al menos y sin ánimo de exhaustividad, lo previsto en el artículo 13.1.i) de los actuales Estatutos del partido al actuar en el ejercicio de un cargo público en forma contraría a los principios del Partido.
Según lo previsto en el artículo 8.1 del Reglamento del PPCV, todo cargo público y orgánico del Partido "ha de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización la que pertenecen" y "actuarán en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia, austeridad y buen gobierno en la gestión de los recursos públicos".
Las informaciones aparecidas conllevan un deterioro publico muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales.
Esta decisión deberá ser ratificada en la primera reunión ordinaria del CDyG.
