Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha detenido al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a la empresa Avialsa, a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación. La Udef han desplegado una operación en Valencia en la que está habiendo diferentes registros, entre ellos, en la Consellería de Gobernación.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se abrió a raíz de una denuncia presentada por un contratista, que afirmaba que Castellano había aceptado regalos (en concreto, un rifle) para favorecer a Avialsa en adjudicaciones vinculadas a la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, que suman más de 33 millones de euros.
Hasta el momento, se han producido otras ocho detenciones, además de la de Castellano. La causa ha sido declarada secreta, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Castellano ha desempeñado diferentes altos cargos en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana desde 1991, entre ellos el de secretario general del PPCV y los de conseller de Gobernación, Sanidad y Justicia. Su detención supone un nuevo golpe para el PP valenciano, que suma un nuevo alto cargo investigado por corrupción.
Investigación
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano. Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices, y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
A la luz, en 2013
No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.
Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.
Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.
También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".
