Siete de los catorce vocales de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Valencia (Coev) encabezados por el vicedecano, Juan José Enríquez, ha presentado una denuncia contra el Decano del Colegio, Juan Manuel Pérez Mira, el tesorero, Antonio Paños, y los miembros de la Junta de Gobierno que participaron en la Comisión Estratégica ante la Comisión Permanente del Consejo General de Economistas de España. En concreto, se recogen dos contrataciones realizadas en los últimos años que, según los denunciantes, "podrían revelar irregularidades graves en la gestión". Ante esta decisión, el Coev declara que es "totalmente falso que se haya cometido ninguna falta en este sentido" y considera que "esta acción responde a una campaña de desprestigio encaminada a desestabilizar al actual equipo de gobierno".
El decano del colegio, Juan Manuel Pérez Mira, explica que el Coev regula su funcionamiento a través de sus Estatutos y por los Reglamentos de Régimen Interior, por lo que no se rige a través del régimen de contratación del sector público. Pérez Mira asegura que "no existe ninguna irregularidad en la concesión y se trata de un episodio más del boicot al que está siendo sometida la gestión del colegio". En esta línea, menciona también el bloqueo sistemático a la aprobación de las cuentas del organismo correspondientes a 2014.
"Ante la magnitud de las acusaciones y la actitud irresponsable, desleal y poco transparente demostrada con estos hechos, el Coev está estudiando tomar acciones legales para poner fin a cualquier conducta que suponga un grave perjuicio para la institución y los colegiados", subrayan desde el colegio.
Contratos investigados
Por su parte, el vicedecano, Juan José Enríquez, indica que la aprobación de las cuentas se ha bloquedado porque "hay gastos y facturas que nadie nos justifica y que no sabemos si corresponden a servicios efectivamente prestados, que parece que no". El vicedecano quiere "dejar claro que en ningún momento pensamos que nadie se haya llevado dinero, pero sí que las cosas no se han hecho bien desde el punto de vista de la gestión y la transparencia y que se han dado irregularidades".
En esta línea, afirma que "se ha solicitado reiteradamente que se nos entreguen copias de los balances y otra documentación sobre la gestión y situación económica de la entidad, y se nos ha negado. Se está impidiendo a la mitad de la junta directiva una participación efectiva en la gestión, ya que no se han repartido funciones y responsabilidades, no se nos deja ejercer la función de control y exigencia de transparencia, así como tener participación en otros organismos en los que está presente el Coev, como el Consejo de Colegios".
El primero de los contratos denunciados recoge la revisión y mejora de la página web del colegio, por un importe de 20.000 euros. Según la propia documentación del colegio la adjudicataria resultó Increnta, única ofertante, "por lo que no se produjo concurrencia. La propuesta de Increnta parece fundamentarse en la descripción de la campaña de marketing para conseguir la elección de Pérez Mira como decano a finales de 2012, muy pocos meses antes", apunta Enríquez.
La segunda es el proyecto de plan estratégico. "Entre los documentos del colegio existe una tabla excel en la que aparecen ordenadas, de mayor a menor importe, todas las ofertas económicas, salvo la ganadora, de la economista Elena Rocher, varios peldaños por encima de lo que le corresponde por precio. En otros documentos aparece desglosada la misma propuesta, con dos precios distintos para los diferentes apartados. La propuesta con el precio más elevado (32.500 euros) ocuparía el lugar que le corresponde en la tabla, mientras que la otra (22.500 euros) resulta finalmente la adjudicataria", destaca el vicedecano. Además, se facturaron cantidades por la adjudicataria por conceptos que no se podían haber devengado, como el seguimiento de un plan estratégico que no había sido aprobado todavía.
Por todo ello, "los directivos han considerado necesario presentar denuncia ante el órgano superior del Colegio, y competente para ello, solicitando el inicio de un procedimiento sancionador por parte del Consejo General para aclarar si existen responsabilidades merecedoras de sanción", subraya Enríquez.
