La multa propuesta por la Comisión Europa por la manipulación de datos de deuda y déficit en la Comunidad Valenciana, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit del estado español, es de 18,93 millones de euros. Esta cantidad puede considerarse como una noticia 'positiva', si tenemos en cuenta que el valor de referencia inicial que el Ejecutivo comunitario barajaba era de 94,65 millones de euros y que el importe máximo permitido por la legislación comunitaria era del 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros en el caso de España). Por ello, la propuesta final es considerada por todas las partes implicadas como "simbólica" y "anecdótica". Para hacerse efectiva, la sanción tiene que ser aún aprobada por el grupo de ministros de Economía de región, el Ecofín.
La comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, explicó que las conclusiones de las pesquisas, abiertas en julio de 2014, concluyen que la tergiversación de los datos "no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta". Además, especificó que la sanción contemplaba sólo las irregularidades cometidas desde el ejercicio 2011, año en que entró en vigor la normativa comunitaria bajo la que se abrió la investigación.
La investigación de la Comisión Europa atribuye la responsabilidad de la manipulación de los datos y la ocultación de las conocidas como "facturas en el cajón" a la Intervención General de la Comunidad Valenciana, a la que acusa de haber "ignorado" los informes del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana y los avisos de la Conselleria de Sanitat.
Thyssen ha explicado que se han tenido en cuenta otros "factores atenuantes", entre los que destacó la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en el proceso de investigación y el hecho de que las cuentas se han regularizado y "se ha puesto fin" a las irregularidades. En este sentido, el conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, apuntó que esa práctica de "presunta mala contabilización de las llamadas facturas en los cajones es una circunstancia totalmente desterrada desde 2012", cuando se creó un registro único de facturas, y "existe total y absoluta transparencia" hasta el punto de que ahora "la UE nos felicita por la adecuada contabilización, por la transparencia".
"Información estadística engañosa"
"Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", ha agregado.
"Se produjeron irregularidades graves en la contabilización, registro e información sobre el gasto de la comunidad autónoma de Valencia durante un periodo de tiempo significativo. El principio de devengo no se respetó, se utilizaron cuentas extrapresupuestarias indebidamente, el gasto se dejaba a veces sin registrar durante años y la información estadística comunicada por las autoridades regionales de Valencia a las autoridades nacionales era engañosa", afirma el informe de conclusiones de Bruselas de la investigación sobre la manipulación del déficit, que se inició en julio de 2014.
Primera sanción por manipulación del déficit
Es la primera vez que la Comisión utiliza sus nuevos poderes bajo la legislación sobre gobernanza económica, conocida como 'Six Pack', para investigar una supuesta manipulación de los datos de deuda y déficit de un estado miembro.
La comisaria Thyssen advirtió de que "la decisión adoptada hoy envía un mensaje claro: la Comisión está dispuesta a utilizar sus nuevos poderes para garantizar que la base estadística en la que se apoyan nuestras decisiones económicas sea fiable, a nivel local, regional y nacional".
Se presentará recurso
Ante las discrepancias entre el Gobierno central y el Consell respecto a quién debe asumir la responsabilidad del pago de la sanción, que se atribuyen mutuamente, Juan Carlos Moragues ha señalado que desde la Generalitat se está "en continua comunicación con la representación permanente de España en Bruselas, también con el Secretario de Estado de la UE y con el Ministerio de Hacienda. Hay colaboración, sintonía e información mutua, estamos en continuas conversaciones".
"Primero tenemos que tener conocimiento formal" de esa sanción, por escrito, y "en ningún caso nos estamos planteando el pago de la sanción porque, para empezar, no está impuesta", ya que debe ser ratificada por el Ecofin y es susceptible de recurso al Tribunal Superior de Justicia europeo.
En este sentido, ha agregado: "Nuestros argumentos son muy sólidos, porque se está aplicando un reglamento de noviembre de 2011 a hechos producidos con anterioridad, se corrigió la cifra de déficit de 2011 cuando no era definitiva y, aparte, ya había habido una investigación anterior por parte de Eurostat donde ya habíamos colaborado y aportado todos los papeles".
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