La Unió de Llauradors ha pedido al Ministerio de Agricultura que "medie e intervenga, si se da el caso", para resolver el proceso de regularización de la variedad de mandarina Orri, cuyo plazo de legalización finalizó el pasado viernes.
Se trata de una variedad de la que, según asegura esta organización agraria a través de un comunicado, "se desconoce la superficie realmente plantada y la producción existente en territorio español".
Según denuncia La Unió, los obtentores y explotadores de la Orri "están reclamando a los citricultores que quieran legalizarla una cifra jamás conocida en la citricultura española de 66 euros por árbol plantado (IVA incluido) y 0,03 euros por kilo comercializado".
Según sus cálculos, la regularización podría suponer unos ingresos para los titulares de los derechos de la Orri de, "al menos, 31 millones de euros y unos ingresos anuales de entre 300.000 a 750.000 euros".
El titular de los derechos de explotación de esta variedad tardía de mandarina en España es la sociedad The Enforcement Orbanization (TEO), formada por una empresa pública de Israel y el grupo murciano Antonio Muñoz y Cía (AMC).
Esta sociedad logró a finales de 2013 el registro de la Orri como variedad protegida, lo que le da derecho a exigir una cantidad por cada árbol plantado y unos royalties anuales por los frutos que dé.
La Unió pide sanciones
LA Unió solicita al Ministerio que no permanezca ajeno a este asunto y se plantee sanciones para todas aquellas entidades que supuestamente hayan podido cometer un delito de estafa al promover el proceso de legalización de una variedad "que está recurrido, presenta serias irregularidades y, en muchos casos, ni siquiera coincide con la que los agricultores plantaron legalmente hace unos años", según sostiene.
La asociación de agricultores ya informó al Ministerio de Agricultura de que, en su opinión, no existe confirmación de que la mandarina definitivamente plantada en muchos campos sea la variedad protegida Orri y que, por el contrario, se trate de la mandarina de la que procede, la Orah o incluso la Or, que son libres y por las que no se podría reclamar royalty alguno.
En este sentido, La Unió traslada al Ministerio en su escrito que un agricultor puede haber llegado a pagar 66 euros (IVA incluido) por planta de un cítrico que, sin saberlo, puede que no sea efectivamente Orri.
Estrategia calculada
La Unió denuncia en su escrito una supuesta estrategia seguida por algunos operadores de cítricos para implantar y controlar la expansión de nuevas variedades protegidas de cítricos.
Segun explica, "antes de ser registradas y durante el llamado periodo provisional de protección' (que comprende entre la solicitud del registro y su efectiva concesión y que suele prologarse por más de diez años) regalan varetas de esas variedades a citricultores particulares para así obtener un volumen de producción específico y reconocible para, una vez consagrada la variedad en los mercados, obtenida la protección y alcanzado un pacto con su legítimo obtentor, pasar a reclamar una lucrativa regularización de una producción que pasa a ser ilegal pero que ellos mismos contribuyeron a hacer crecer".
Este sería, según la asociación, el caso de la variedad Orri, traída desde Israel con licencias para dos operadores -ACM y Martinavarro-, supuestamente difundida luego a los agricultores a cambio de comercializarla a buenos precios y a quienes ahora, una vez protegida, se les exige un pago hasta hoy desconocido para legalizarla.
Una cantidad de 66 euros por árbol que supera con creces lo que el derecho a la obtención establece para este "periodo provisional de protección" como "una indemnización razonable".
Ley de Patentes
Para La Unió este tema debería estar regulado y considera idóneo el momento presente puesto que el Consejo de Ministros ha pasado a tramitación parlamentaria una reforma de la Ley de Patentes, donde esta organización trabajará para que se contemplen estas actuaciones y sean sancionadas fuertemente.
La Unió cuestiona al Ivia por la mandarina Orri