El Gobierno valenciano no considera que haya ningún responsable administrativo por los más de 2.000 millones de euros gastados hasta 2013 sin contabilización.
El último informe de la Sindicatura de Cuentas revela que el Ejecutivo de Alberto Fabra ha archivado en los últimos meses sendos expedientes de responsabilidad contable incoados por la Conselleria de Sanidad, a raíz de las facturas en el cajón de Sanidad por 1.999 millones, y por la Intervención General de la Generalitat (IGG), por los 242 millones en ayudas a la vivienda no contabilizados entre 2008 y 2013.
Los argumentos de los dos archivos sin ningún responsable son llamativos.
En el caso de Sanidad, la Comisión Europea ha abierto una investigación a España por posible falseamiento de las cifras de déficit, ya que el afloramiento de esas facturas y su consignación en el presupuesto de 2011 provocó un aumento de déficit valenciano y español con efectos retroactivos.
Para la Generalitat, sin embarto, la ocultación de facturas se justifica por el hecho de que la Comunidad Valenciana está históricamete mal financiada. Así lo afirma el secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, en la resolución firmada el pasado mes de febrero, semanas después de llegar al cargo.
Según su resolución, esta situación de infrafinanciación "ha motivado" que la Conselleria "haya contraído obligaciones sin consignación presupuestaria, tal como ha sucedido en otras comunidades autónomas del país".
Sanidad se justifica ante la Sindicatura con extractos de los informes anuales de la propia institución fiscalizadora, que desde 2005 viene alertando sobre la infrafinanciación. Sin embargo, obvia que la Sindicatura venía denunciando la existencia creciente de facturas en el cajón y exigiendo su regularización, vinculando ambos problemas pero nunca justificando las irregularidades contables.
Eso sí, el Síndic afirmó en 2012, de manera general, que no observaba ninguna situación que pudiese dar lugar a responsabilidad contable, como recoge la resolución de Sanidad. En el informe de 2013, recién publicado, afirma que las facturas se regularizaron sin el debido control.
Más déficit por la vivienda
En el caso de las ayudas a la vivienda, los Gobiernos de Camps y Fabra otorgaron 242 millones entre 2008 y 2013 a unas 50.000 personas, que aún no han cobrado.
La Generalitat reconoció el pasado mes de junio las subvenciones en el cajón mediante una disposición adicional en la Ley de Puertos. Tras ello, la IGG archivó sin más el expediente que había incoado al entender que "ha quedado convalidada ex lege cualquier irregularidad en que hubiera podido incurrirse".
La Sindicatura revela que el reconocimiento de esta deuda supuso una revisión al alza del déficit valenciano del año 2012 y anteriores -en total, 0,24 puntos-, por lo que hubo que pedir autorización al grupo de trabajo formado por Banco de España, el INE y la Intervención General del Estado, que dio su conformidad.
La CE investiga las facturas en el cajón
