El juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que se había abierto contra una mercantil y siete personas, entre ellas, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, al considerar que hay indicios pero no pruebas de supuestos delitos.
El juez, no obstante, confiesa en varias ocasiones su "perplejidad" por la forma como se gestionó este contrato, desde la decisión de llamar a Calatrava, que nadie asume, hasta las interferencias de los políticos en la gestión de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), especialmente las del Ayuntamiento de Castellón -cuyo alcalde era Alberto Fabra- y del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El juez, tras practicar lo que habían pedido las diferentes partes, archiva provisionalmente la investigación por no existir pruebas de supuestos delitos, sino sólo indicios.
Tras relatar los indicios, el magistrado señala en su auto que "el simple despilfarro o la inadecuada gestión no son, por sí mismos, constitutivos de delito alguno".
Eusebio Monzó dimitió
En la pieza estaban imputadas siete personas, entre ellas el propio Calatatrava y el ex secretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó, que fue obligado a dimitir tras ser imputado, en aplicación de la línea roja de Fabra contra la corrupción. También lo estaba el entonces representante de Calatrava ante SPTCV, Fernando Benzo, hoy subsecretario del Ministerio de Educación.
El Centro de Convenciones era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de Castellón. No obstante, la Generalitat Valenciana decidió dejar en suspenso su ejecución a causa de la crisis económica.
El Consell pagó al arquitecto 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro. Según el juez, Calatrava cumplió en todo momento con los encargos, que fueron cambiando e incluso fueron contradictorios por parte de SPTCV, y cobró lo que le correspondía.
El número dos de Hacienda dimitió tras ser imputado