Edicom, líder español en intercambio electrónico de datos en España, alertó este lunes sobre el hecho de que a falta de dos meses para que entre en vigor la obligación de uso de la factura electrónica para la Administración pública, "más de la mitad de las autonomías todavía no se han adaptado al nuevo sistema".
Así lo afirmó la empresa que dirige Vicente Vilata en un comunicado en el que recuerda que partir del 15 de enero de 2015, la Administración Pública, sus proveedores y algunas empresas del sector privado que prestan servicios de especial trascendencia económica deberán emplear la factura electrónica, un sustituto legal y fiscal del documento en papel.
Según el Observatorio Permanente de la Factura Electrónica de Edicom, por el momento solo siete de las 17 comunidades están preparadas para este salto tecnológico.
Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana fueron las primeras en sumarse a la factura electrónica y, poco después, lo hicieron Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia.
Según Edicom, que domina el sector de la factura electrónica en España y buena parte de Latinoamérica, "esta temprana implantación propició que la normativa estatal se adelantara incluso en dos regiones, la Comunitat Valenciana y La Rioja". En ambas, la Administración Pública y sus proveedores están obligados a utilizar la factura electrónica desde el pasado 1 de julio, seis meses antes que en el conjunto de España.
Las restantes comunidades autónomas se encuentran en fase de estudio. Algunas, como Andalucía, Asturias o Cantabria se han adherido al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) y otras han desarrollado sus propios "puntos de entrada".
Sin embargo, "esto no implica que estén preparadas para emplear la factura electrónica". Según Miguel Soler, miembro del Observatorio, "además de sumarse a estos puntos, las administraciones deben poner en marcha los sistemas internos de gestión y tramitación necesarios para procesar la factura, dirigirla al órgano competente y garantizar la trazabilidad del documento en todo momento".
La empresa valenciana señala que la puesta en marcha de la Facturae la lideran los grandes proveedores de la Administración Pública, que tras realizar los desarrollos internos necesarios para adaptarse tecnológicamente, encuentran un freno en algunas administraciones a la hora de seguir avanzando.
"La cuenta atrás para la factura electrónica ha comenzado y las autonomías deberían hacer un esfuerzo por estar a la cabeza de este salto tecnológico", afirma Soler.
Ventajas de la 'Facturae'
La Facturae permitirá a los proveedores conocer en tiempo real el estado en el que se encuentran sus facturas. Además, automatizará los procedimientos y reducirá las posibilidades de error.
Una de las ventajas más valoradas de este nuevo sistema es el ahorro económico que supondrá tanto para las empresas, como para el Sector Público. Según los cálculos del Plan Avanza, cada documento costará 3,48 euros menos de lo que supone el proceso en papel.
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