El director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat valenciana, Juan Giner, ha pedido este jueves al Tribunal Supremo, "que está dictando sucesivas sentencias en la que declara la nulidad de instrumentos de planeamiento urbanístico", pondere "las consecuencias sociales que éstas puedan acarrear para las personas y los efectos sobre los bienes".
Según ha explicado Giner, en muchas ocasiones, cuando el Alto Tribunal dicta una sentencia, después de muchos años desde la aprobación, con el planeamiento ya ejecutado puede haber licencias terminadas que se quedan en situación parecida al fuera de ordenación, "es decir, que estas circunstancias dejan en jaque a personas que han comprado viviendas y que no saben en qué situación legal han quedado".
El criterio del Supremo ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a cambiar la línea permisiva que mantuvo con el desarrollo urbanístico durante los años del boom inmobiliario, bajo una legislación censurada por la Unión Europea que la Generalitat tuvo que modificar. Estas sentencias al final del largo proceso judicial provocan que se anulen planes de hace más de una década.
Por ello, Giner ha demandado la vuelta a una jurisprudencia del Tribunal Supremo, a su juicio, "más proporcionada y coherente, en virtud de la cual los planes no son reglamentos si no que participan de su naturaleza, frente a las sentencias que declaran todo el procedimiento de un plan absolutamente nulo, sin paliativos y sin excepciones".
En el caso de la Comunitat Valenciana, son así considerados aun habiendo obtenido la declaración de impacto ambiental del plan en cuestión, con otros estudios sectoriales tales como paisaje, inundabilidad, movilidad y tráfico o ruido. El Supremo declara nula la evaluación ambiental, realizada al amparo de la legislación de impacto ambiental valenciana, por considerar que no cuenta con la evaluación ambiental estratégica, tras la aprobación de forma sobrevenida de la Ley 9/2006.
Omisión de "alguna de las formalidades
Según el director general, "es posible que alguna de las formalidades exigidas por la Ley de Evaluación Ambiental no estuvieran contempladas, pero sin duda el plan era objeto de una auténtica y rigurosa evaluación ambiental, por lo que concluir que toda la tramitación realizada no ha existido nunca, cuando el pronunciamiento ambiental no afecta a ninguna de las determinaciones del fondo, no sólo parece sino que es desproporcionado".
Por ese motivo, Giner concluye que "si el plan va a ser el mismo porque nadie ha considerado antijurídicas sus determinaciones, si los informes sectoriales van a ser los mismos, pues siendo el medio ambiente el mismo y el plan también el mismo sólo cabe concluir que los informes sectoriales también serán los mismos". Y, añade, "por qué no, la evaluación ambiental será la misma, si bien con algunas formalidades propias de la Legislación 9/2006".
El alto cargo valenciano se pregunta "si merece de verdad la pena todo este periplo para llegar al mismo sitio" y afirma, en nombre de la Generalitat, que "el Tribunal Supremo debería analizar con más profundidad el alcance de los efectos de sus sentencias".
Fallos que afectan a terceros
Los fallos del Alto Tribunal que anulan planeamientos urbanísticos son complicados de ejecutar cuando el planeamiento ya se ha ejecutado, ya han sido transformadas las características del territorio o existen licencias de obras otorgada y ejecutada pero sin planeamiento que la ampare, según la Generalitat.
"Por no hablar de la reparcelación, las segundas y sucesivas ventas, las cargas reales sobre la propiedad, las inscripciones en el registro y todas las demás consecuencias del ejercicio normal de la actividad inmobiliaria", añade Giner.
Los tribunales anulan planes que permitieron durante la burbuja.
