La administración de la era Camps ya tiene su primer condenado a pena de cárcel, y no es un exconsejero cualquiera.
Rafael Blasco, siete veces conseller con cuatro presidentes y responsable de la cartera de Solidaridad y Cooperación en el penúltimo Ejecutivo de Francisco Camps, fue condenado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta para cargo público por desviar 1,7 millones de euros destinados a Nicaragua para comprar pisos y plazas de garaje en Valencia.
Junto a Blasco, el tribunal condena a la misma pena al empresario César Augusto Tauroni -en prisión desde febrero de 2012- y a penas de cárcel inferiores a la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán, al exsubsecretario Alexandre Català, al exjefe del servicio Marc Llinares, al exjefe de gabinete Xavier Llopis y al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López. A varios de ellos los condena a devolver solidariamente los 1,7 millones defraudados. Al ex director general Josep Maria Felip se le imponen 7 años de inhabilitación.
El tribunal considera que Blasco cometió un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con tráfico de influencias, otro de prevaricación administrativa y otro continuado de falsedad en documento oficial.
Tras constatar cómo "con el fin de lograr sus propósitos no duda en recurrir a cualquier maniobra", incluida la presión a los funcionarios, afirma que "este hecho no deja de ser un exponente más de la corrupción política que actualmente constituye una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad, que exige una respuesta severa por parte de nuestras instituciones, que contribuya al cumplimiento de los fines de prevención especial y general que está llamada a cumplir toda pena".
Fin a una larga carrera política
Tras conocer el fallo y calificarlo de "profundamente injusto", Blasco anunció que recurrirá al Supremo y que renuncia al acta de diputado autonómico, con lo que pone fin a una carrera política que recorrió desde los años setenta el Partido Comunista de España, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y el PSOE.
Desde 1983, fue conseller de Presidencia y de Obras Públicas con el socialista Joan Lerma, quien lo destituyó en 1989 por un escándalo urbanístico del que fue absuelto al anularse unas grabaciones como prueba. En 1995, volvió a la política con el popular Eduardo Zaplana y entre 1999 y 2011 ocupó cinco consejerías con Zaplana, Olivas y Camps de presidentes.
Cuando Alberto Fabra sustituyó a Camps, lo mantuvo de portavoz del Grupo Popular en las Corts hasta su imputación, tras la que siguió en el Grupo. Al ser procesado en junio de 2013, abandonó el PP horas antes de que lo expulsaran y pasó a ser diputado no adscrito.
El expresidente Camps dijo tras conocer el fallo, a preguntas de los periodistas, que no es firme y que cree "en la inocencia de todo el mundo".
Excompañeros imputados en 'Gürtel'
Rafael Blasco, que no entrará en prisión hasta que el Supremo resuelva su recurso, está imputado en otras dos piezas del caso Cooperacion, por subvenciones de los años 2009-2011 y el proyecto de construcción del Hospital de Haití, que nunca se hizo.
De los gobiernos de Camps, otras dos exconsejeras están procesadas en el caso Gürtel y el exvicepresidente Vicente Rambla está imputado en otra pieza de este caso, junto a varios ex altos cargos de segundo y tercer escalón.
Renuncia al acta de diputado
