La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado la declaración de concurso de acreedores necesario para la inmobiliaria Hansa Urbana, participada por el Sabadell con un 30,6 por ciento, instada por Caixabank, en una sentencia contra la que no cabe recurso y que impone la costas del proceso a Caixabank.
El fallo confirma la sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, que rechazó la solicitud de concurso al considerar que Caixabank, que tiene el 9,83 de Hansa Urbana, no había podido demostrar la insolvencia de la empresa.
La compañía debe a la entidad catalana 21,4 millones y el fallo destaca que ha acreditado haber llegado a un acuerdo de refinanciación con Sabadell-CAM, BBVA y Banco Popular, Santander y Barclays.
La Audiencia afirma que "el único acreedor al que no se ha satisfecho la deuda líquida, vencida y exigible ni se ha llegado a un acuerdo es el acreedor instante del concurso" (Caixabank) con el que "también se intentó reestructurar su deuda".
Añade que "el 60 por ciento de su crédito está garantizado con hipoteca y Hansa ha acreditado la titularidad de bienes inmuebles suficientes, libres de cargas, que permitirían atender el pago íntegro en el caso de que procediera a su reclamación judicial directa e inmediata, sin necesidad de recurrir al procedimiento concursal de una mercantil de la que titula el 9,83 por ciento del capital social".
Controlada por Rafael Galea
Hansa Urbana está controlada por el empresario Rafael Galea y participada por Sabadell en un 30,6 por ciento, porcentaje que la CAM elevó desde el 24 por ciento dos meses antes de ser intervenida. Lo hizo mediante la capitalización de 40 millones de euros, que era parte de la deuda que la promotora tenía con la caja.
Meses antes, la promotora de la familia Galea había comprado a la CAM parte de dos de sus filiales conjuntas en México, lo que permitió a la caja apuntarse unas plusvalías también de 40 millones y mejorar sus resultados de 2010.
Además de devolverle el favor capitalizando créditos, la CAM aprobó, también pocas semanas antes de su intervención, una dación en pago de 108 millones que evitó que Hansa Urbana entrara en concurso de acreedores. Esta operación es una de las que cuestionó el Banco de España, por posible sobrevaloración de los terrenos entregados, en un informe sobre presuntas irregularidades cometidas por la que era directora general, María Dolores Amorós.
La empresa se ha visto implicada en el caso Brugal, en el que su presidente, Rafael Galea, está imputado por presunto delito fiscal junto al mayor promotor de la provincia de Alicante, Enrique Ortiz, al que vendió unos terrenos.