La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SGR-CV) volverá a prestar avales en la primera quincena de abril, tras casi dos años sin hacerlo, con una limitación impuesta por la Comisión Europea: No podrá avalar préstamos a los sectores inmobiliario y de construcción, que suponen el 33 por ciento de su riesgo vivo, con una tasa de morosidad del 43 por ciento.
La entidad avalista paralizó su actividad el 30 de junio de 2012, al encontrarse en supuesto de disolución y necesitar una inyección de fondos que no ha sido aprobada por Bruselas hasta la semana pasada.
El consejero delegado de SGR-CV, Santiago de Santos, presentó este martes el plan de viabilidad a cinco años (2014-2018) con el que ha logrado el respaldo de la Comisión Europea al rescate de la entidad, que se produjo gracias a un aval de 200 millones de euros concedido por la Generalitat para un préstamo de un grupo de entidades financieras.
SGR-CV cerró 2013 con unas pérdidas de 39 millones, capital social de 123 millones, un riesgo vivo de 560 millones y una tasa de morosidad del 41 por ciento.
Según los compromisos adquiridos con Bruselas, el objetivo de la empresa participada en un 40 por ciento por la Generalitat es devolver el préstamo recibido en cinco años, reducir su riesgo vivo hasta los 430 millones de euros y alcanzar un beneficio acumulado de 20 millones. En 2013, estiman unas pérdidas de 39 millones, para después cerrar 2014 "cuenta con paga" o "aún con algún deterioro" y "retomar la senda normal de beneficios" a partir de ahí, según Santiago de Santos.
Las pymes socias perderán un 20%
Antes de empezar a dar a avales de nuevo, SGR-CV devolverá el capital a aquellos de sus 8.624 socios partícipes que lo soliciten, aunque con un descuento del 20 por ciento por imposición de Bruselas. Las empresas aportan un capital al serles concedido el aval y pueden pedir su devolución cuando finaliza la vigencia del aval. En la actualidad, las pymes suman 59 millones de euros de capital y las peticiones de reembolso recibidas hasta ahora ascienden a 11 millones.
El consejero delegado de la SGR defendió el modelo de gestión "transparente y realista" con que afrontan esta nueva fase, en la que les "queda un gran y arduo trabajo por delante" y estarán "muy supervisados tanto por el Instituto Valenciano de Finanzas como por el Banco de España", algo con lo que se sienten "muy a gusto".
Borrón y cuenta nueva
Respecto a la posible exigencia de responsabilidades a los antiguos gestores por su inversión, De Santos aseguró que "ninguna auditoría ha sacado a la luz nada y no se puede emprender ninguna acción", y enmarcó la deriva sufrida por la SGR en la crisis generalizada de los últimos años.
A preguntas de los periodistas, comentó que sentiría que ha "fallado" a las empresas valencianas "si hubiese tirado la toalla", pero no ha sido así y, de hecho, subrayó que la refinanciación lograda ha "salvado a las pymes de unas pérdidas de 250 millones" y a sus accionistas, de que sus participaciones tuviesen "valor cero".
De cara al futuro, se centrarán en las pymes y autónomos de la Comunitat, que suponen el 95 por ciento de su tejido productivo y requieren cobertura para sus necesidades de financiación, con la firme determinación de aprender del pasado y subsanar el "error" de haberse salido de los parámetros para los que se creó la SGR.
En este sentido, prevé reducir a la mitad su riesgo inmobiliario en ese período de cinco años, que supone el 33 por ciento de su cartera en la actualidad y triplica el peso que ostenta en el resto de SGR y también el que representa este sector en la Comunitat. "Queremos ser fiel reflejo de la realidad de la Comunitat", recalcó De Santos, quien descarta cualquier "manía" a este sector.
Además, la SGR pretende que el "elevado" volumen medio de sus operaciones pase de 450.000 euros a "entre 50.000 y 100.000 euros", así como "seguir mejorando en sus ratios de eficiencia" mediante venta de sedes, desarrollo de procesos informáticos y subcontrata de todos los activos que no formen parte de su negocio recurrente. Según De Santos, "no se contempla ninguna reducción adicional de empleo".
Venta de activos
De 2014 a 2018, la refinanciación que debe devolver a bancos, obtenida con el aval de la Generalitat por valor de 200 millones, alcanzará un volumen de 400 millones, de los que 250 corresponden al tramo senior -prioritario y que cubrirá con 150 millones provenientes de venta de activos y 100 por reclamación de reavales de operaciones impagadas- y otros 150 a un préstamo subordinado.
Respecto a la venta de inmuebles, De Santos señaló que los edificios que albergan sus sedes sociales en Valencia, Alicante y Castellón se han "quedado grandes" para sus 45 empleados actuales, que podrían trasladarse a antiguas oficinas de cajas de ahorros en régimen de alquiler, y también que la valenciana Inmoking será la encargada de gestionar su cartera de inmuebles, a la que se incorporarán los obtenidos al ejecutar garantías de avales morosos.
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