Comunidad Valenciana

Fabra, Valcárcel y Bauzá se unen para la batalla de la financiación autonómica

Alberto Fabra y José Ramón Bauzá, en una foto de archivo. Foto: GVA

Los Gobiernos de las comunidades autónomas de Murcia, Baleares y Valencia han acordado trabajar de forma coordinada para evaluar el actual Modelo de Financiación Autonómica y hacer propuestas conjuntas de cara al nuevo modelo, según ha anunciado el Ejecutivo valenciano mediante un comunicado.

Este análisis, cuyos resultados se aportarán al Ministerio de Hacienda, se sumará al del grupo de trabajo iniciado en el Ministerio con el objetivo de intentar corregir "agravios y deficiencias injustas que genera el modelo actual, vigente desde 2009, especialmente en la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares", según la Generalitat.

Las conclusiones de esta reunión, impulsada por los presidentes de las tres comunidades autónomas, sentarán las bases para debatir y mejorar el nuevo Sistema de Financiación.

Como publicó elEconomista el pasado 7 de enero, Alberto Fabra buscaba apoyos en comunidades con los mismos problemas que la valenciana, ya que sus reivindicaciones no estaban teniendo ninguna receptividad en el Ministerio, al menos de forma pública.

Según la Generalitat, "se pretende con ello aportar fórmulas que puedan corregir las desigualdades que el anterior modelo ha afectado de forma especial a las comunidades del Mediterráneo".

Las propuestas que salgan de esta actuación conjunta serán trasladadas al Ministerio de Hacienda para complementar el trabajo que ya se ha iniciado para el Nuevo Modelo de Financiación.

Para el análisis y definición de nuevas propuestas se tendrán en cuenta los estudios realizados en la Comunitat Valenciana por expertos designados por las Corts y por los Premios Rey Jaime I en Economía.

Las bases de partida acordadas por las tres Comunidades Autónomas son la ruptura del statu quo; que el nuevo modelo de financiación cubra los servicios básicos fundamentales de sanidad, educación y bienestar social en condiciones de igualdad entre las comunidades y con independencia del nivel de renta, así como que el citado modelo se acoja a criterios de población.

Según defiende la Generalitat, "estos criterios permitirían elaborar un modelo de financiación más justo y equitativo, y menos opaco y discriminatorio".

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