La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) inicia este martes un año difícil de digerir para el PP valenciano, con tres juicios consecutivos que afectan a diputados y siete piezas en fase de instrucción que pueden afectar a los próximos períodos electorales.
El primero es el caso Cooperación, donde se investiga, en dos piezas, la presunta adjudicación irregular de ayudas a ONG y el presunto desvío de fondos de la Generalitat que iban destinados al Tercer Mundo.
El principal acusado que se sentará en el banquillo es Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat, primero con el socialista Joan Lerma, que lo destituyó por otro caso de corrupción en 1989, y luego con Zaplana, Olivas y Camps. Blasco fue portavoz del Grupo Popular en las Cortes autonómicas hasta su imputación, en octubre de 2012, y continuó en el grupo hasta el pasado mes de junio, cuando la propia Generalitat, personada en el caso, pidió para él una pena de 11 años de prisión. Ahora es diputado no adscrito.
La pena que solicita la Fiscalía para Blasco aún es mayor, 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.
Blasco tiene como abogado a Javier Boix, que defendió a Francisco Camps y a Carlos Fabra en sus respectivos procesos. Junto al exconseller de Solidaridad y Cooperación se sentarán en el banquillo el empresario Augusto César Tauroni, que está en la cárcel por esta causa desde febrero de 2012; el exsubsecretario de la consejería Alexandre Catalá; el exdirector general Josep María Felip; el exjefe del servicio Marc Llinares; el exjefe de gabinete Xavier Llopis; la exsecretaria Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera.
La jueza instructora relató en el auto de apertura de juicio oral que la consejería que dirigía Blasco aprobó en 2008 cinco proyectos a la Fundación Cyes, por los que obtuvo 1,82 millones de euros, que no debieron ser concedidos al incumplirse requisitos "imprescindibles", como no estar acreditada la experiencia previa. Y que se concedieron "de modo injusto" con "el conocimiento, favor y participación" de Blasco, para "allanar el camino".
La otra pieza del caso Cooperación está en fase de instrucción, lo mismo que cinco piezas del la trama valenciana del caso Gürtel y el caso Brugal.
'Gürtel' y Alperi, en cola
Cuando termine este juicio, en marzo, el TSJCV pondrá fecha al primer proceso de Gürtel, relativo a la contratación de pabellones en Fitur. Su instrucción acabó antes, pero se priorizó el de Cooperación porque hay un encarcelado. Entre los acusados están las exconsejeras de Turismo y diputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such. El fiscal pide 11 años de cárcel para Martínez, que también es alcaldesa de Novelda (Alicante).
Luego será juzgado el exalcalde de Alicante y diputado Luis Díaz Alperi, por delito fiscal y cohecho. La instrucción de este caso está acabada, a falta de que se dicte la apertura de juicio. Alperi esta imputado también en Brugal.
La jueza abre juicio oral contra Blasco
