
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y al ex miembro del comité de dirección de la entidad Manuel Setién por la compra de la inmobiliaria Costa Bellver a la familia Calabuig, una operación que se realizó al alimón con el Banco de Valencia, cuyo máximo responsable entonces, Domingo Parra, declaró por ello el pasado martes.
Según relata el juez en el auto en el que los cita a declarar como imputados, Bancaja Hábitat, filial de la caja que Izquierdo y Setién administraban, compró en 2009 un paquete accionarial de Costa Bellver por 65,1 millones de euros, un 195 por ciento más que lo que la familia Calabuig habían pagado por acciones de esta empresa tres meses atrás.
Esta diferencia de precio en pleno desplome del sector inmobiliario se produjo, según Pedraz, "sin que, al parecer, en ese transcurso de tiempo sucediera nada que apoyara ese incremento". Por ello, el juez los cita como imputados y ordena una serie de diligencias, entre ellas la entrega de todas las tasaciones que se encuentren sobre Costa Bellver desde 2006, una tasación del valor de las acciones en varios momentos entre 2006 y 2013 y una investigación sobre la denominada Operación Capital Costa y Capital Residencial, en la que están implicados Domingo Parra y Aurelio Izquierdo.
En su denuncia contra Domingo Parra, Frob vinculó estas operaciones con una posible comisión de 4 millones. En concreto, señala dos transferencias de 2 millones cada una, en febrero de 2010, de Fomento Urbano y Galbis -otra empresa de los Calabuig- a la sociedad Gestión Inversiones Izpa, participada por Izquierdo y Parra y sus familiares. Estas transferencias provenían de cuentas cuyos fondos tienen origen en el cobro por la venta del segundo paquete de acciones de Costa Bellver vendido a Agval.
La imputación de Izquierdo y Setién llega con meses de retraso respecto a la de Parra y Calabuig por la misma operación, la compra de Costa Bellver, debido a que el Frob no denunció a los responsables de Bancaja, solo a los del Banco de Valencia, como destacó elEconomista en julio de 2012. Es el Ministerio Fiscal el que ha denunciado ahora los hechos.