La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado al Gobierno valenciano el expediente administrativo del cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), decidido por el Ejecutivo el pasado 5 de noviembre y ejecutado en lo que a las emisiones se refiere el 29 del mismo mes.
La petición consta en el escrito de admisión a trámite de un recurso de dos diputados del PSPV, en el que se solicita este expediente, "preferentemente digitalizado en CDRom o DVD, o por escrito original o copiado y auténticado y, en todo caso, acompañado de un Índice autenticado de los documentos que contenga", todo ello en un plazo de 20 días bajo el apercibimiento de multa.
En el escrito, de fecha 5 de diciembre y firmado por el secretario judicial, se concreta que contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días, según Europa Press.
En concreto, el recurso de los socialistas se dirigía contra la resolución de fecha 28 de noviembre de 2003 del Consell, por la que se acordaba el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico. En el mismo escrito, solicitaban la suspensión cautelar de la medida de cierre.
Además de solicitar el expediente administrativo, el tribunal valenciano ha acordado que se notifique esta resolución a los que pudieran resultar afectados por la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el expediente del Consell, y les emplaza a personarse en el caso en un plazo de nueve días.
Además, en un diligencia de ordenación con fecha también del 5 de diciembre, el TSJCV ha acordado abrir una pieza separada de suspensión y da un plazo a la Generalitat para que pueda presentar alegaciones sobre la medida cautelar solicitada por el PSPV de suspender la ejecutividad del acto administrativo impugnado y la inmediata reanudación de las emisiones de RTVV y suspensión de toda orden de desalojo de los locales.
El escrito del PSPV
En su escrito, los socialistas alegaban que el acuerdo del Consell de 28 de noviembre suprimía un derecho fundamental recogido tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía, el derecho a la información, "derecho que claramente se conculca con la supresión del único medio público de ámbito comunitario".
En esta línea, añadía que el cierre está motivado por un "claro fraude de ley", toda vez que "viene en respuesta a la orden judicial de readmisión de los trabajadores y en un claro intento de desobediencia a la misma se suprime el órgano que los acoge".
El PSPV alegaba también que la orden de cierre adolece de un "claro defecto de forma" que "la invalida de forma automática, pues nuevamente, en un intento de evadir la legalidad vigente, tanto administrativa como mercantil, de forma fraudulenta, por parte del Consell de la Generalitat, se nombran tres liquidadores del ente público RTVV" y dicta el decreto impugnado "a todas luces contra la legalidad vigente".
La noche del cierre de Canal 9
