Alberto Fabra comprobó el pasado miércoles en Xàtiva (Valencia) el alcance social del cierre de Canal 9. El centro del municipio del que es alcalde el líder provincial del PP y presidente de la Diputación, Alfonso Rus, estaba tomado por la Policía para evitar que los trabajadores de RTVV repitieran el acoso a Fabra del día anterior.
Con la tranquilidad de tener a los manifestantes a 50 metros, la comitiva presidencial recorría una calle cuando un coro de voces infantiles le sorprendió desde el patio del colegio contiguo: "Que torne Canal 9, que torne Canal 9" (que vuelva Canal 9).
La reacción de la Generalitat fue abrir una investigación para ver si alguien había aleccionado a los niños, obviando que la mayoría de los valencianos comparte su deseo. Fue otro error de un Ejecutivo, que, más allá del fondo de la cuestión, ha gestionado la crisis de la peor manera posible.
La guinda fue la transmisión durante 12 horas del cierre, con una audiencia de hasta el 49 por ciento, pero antes hubo falta de transparencia, falsedades, improvisación y, sobre todo, ausencia de autocrítica y de dimisiones, teniendo en cuenta que el PP ha dirigido esa televisión durante 18 años.
No está claro el impacto electoral del cierre de RTVV y de la gestión de la crisis. Tampoco, qué consecuencias internas tendrá en el PP, después de que Fabra se proclamase candidato para 2015 días antes de anunciar la medida, sin que ni Cospedal ni Rajoy le respaldasen. Paradójicamente, la firmeza de su decisión ha reforzado algo su liderazgo en una organización regional que continúa siendo un hervidero.
Un mes antes de anunciarse el cierre, una encuesta de El País ya daba por perdida la mayoría absoluta al PP en la Comunidad Valenciana. Ni con un hipotético pacto con UPyD conseguía superar la suma de PSPV, Compromís y Esquerra Unida. El desplome demuestra que lo de Canal 9 es un problema menor al lado del presupuestario que tiene la Generalitat y sufren los ciudadanos. La pérdida de votos y la mayoría de las manifestaciones no son por la televisión, vienen de antes, de cuatro años de recortes e impagos. La incógnita es hasta qué punto esto puede agravarlo.
Malestar en el partido
El presidente valenciano tomó el 5 de noviembre una decisión arriesgada con la que no están de acuerdo muchos votantes y militantes de su partido. El PP ha cerrado filas -solo una diputada popular, extrabajadora de Canal 9, dimitió "por motivos personales" el día 13-, pero el malestar es patente en el partido, sobre todo entre los alcaldes.
Las cámaras de Canal 9 recorrían los pueblos y, aunque fue una televisión nada ejemplar en muchas facetas, sí cumplió la función de vertebración territorial. El propio Rus y la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, dejaron claro en las Corts que votaban a favor del cierre por disciplina de partido.
Tampoco es un secreto que el Ejecutivo, donde hay cuatro exalcaldes, sin contar a Fabra, se dividió el día que el presidente tomó la decisión en solitario. Seis días antes, su número dos en el partido y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, había dicho que Canal 9 "ni debe ni puede desaparecer".
"Somos olvidadizos"
El presidente de la Asociación Valenciana de Politólogos (Avapol), José Luis Sahuquillo, opina que "la ciudadanía se va a olvidar dentro de seis o siete meses, como mucho un año", por lo que no tendrá consecuencias en las elecciones de mayo de 2015.
Admite que "la función de Canal 9 en los pueblos era muy importante, pero los valencianos somos muy olvidadizos". Pone como ejemplos la tragedia del metro de Valencia en 2006 y todos los casos de corrupción que desde hace cuatro años afectan al PP.
La necesidad de un olvido rápido y unos informativos cada día más críticos Fabra explican las prisas por cortar las emisiones, renunciando a los ingresos publicitarios de la campaña navideña, a pesar de que la plantilla no será despedida hasta finales de enero, como pronto.
Los 1.650 trabajadores están, hasta entonces, de permiso retribuido -cuesta 200.000 euros diarios- y varios centenares emplean su tiempo en acudir a los actos públicos de Fabra para insultarle. No obstante, estos incidentes podrían reforzarle en su partido, porque se enfrenta a los sindicatos. "Esto lo mueven trabajadores que están de vacaciones retribuidas, pero cuando tengan que buscar trabajo, se olvidará", dice Sahuquillo.
Otro factor que puede perjudicar las expectativas electorales de Fabra es la gestión de la crisis, que pone en cuestión su capacidad como gobernante. Quien más se ha expuesto es el vicepresidente y portavoz, José Císcar, al que muchos sitúan fuera del Ejecutivo a corto plazo, y no solo por este asunto.
Por ello, la oposición trata de poner el foco en Fabra. El grito más oído desde que se cortaron las emisiones es "¡Fabra, dimisión!", y los líderes de la oposición, que se colaron por una ventana en Canal 9 para protagonizar las últimas horas, no dejan de pedir elecciones anticipadas.
Un acuerdo con RTVE no es sencillo
Tras el cierre de Canal 9, Alberto Fabra prometió que los ciudadanos volverían a tener un servicio público de televisión en valenciano. No puso fecha, pero todos dan por hecho que tendrá que ser antes de las elecciones de 2015.
La Generalitat ha mantenido contactos con las dos empresas que tienen concesión autonómica de TDT, que son Vocento y Popular TV, aunque la primera la tiene alquilada a un canal de teletienda y tarot. Ambas carecen de medios para hacerse cargo.
Una posibilidad sería convocar un concurso para que una privada prestase el servicio subvencionado. Otra, sugerida por el propio Fabra, que RTVE dedicase parte de su horario a programación valenciana, como hace en Cataluña y Canarias.
Esta alternativa no es sencilla, ya que el centro territorial no tiene personal suficiente y la corporación que preside Leopoldo González-Echenique también tiene problemas económicos. Si el coste de ampliar el centro territorial lo asumiera la Generalitat, se crearía un agravio comparativo con Cataluña y Canarias, donde la programación la paga RTVE.
Doce horas de espectáculo en el cierre de Canal 9
