Canal 9 se apagará muy probablemente en los próximos días, pero los consejeros de Hacienda de la Generalitat valenciana la tendrán muy presente hasta el año 2030 cada vez que tengan que elaborar los presupuestos. Los valencianos no podrán ver su televisión pública autonómica, pero pagarán durante 17 años la que ha estado emitiéndose desde el año 2000.
Al acabar 2012, Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tenía una deuda bancaria de 991 millones de euros con 12 entidades financieras, la mayoría alemanas y poco conocidas. Desde 2009, la amortización de la deuda corre por cuenta de la Generalitat.
El Gobierno de Alberto Fabra anunció el pasado diciembre una operación de ingeniería financiera consistente en que la Generalitat ampliaba el fondo social del viejo ente RTVV a cambio de asumir su deuda, 1.062 millones -es decir, sin desembolsar un euro-, con el fin de capitalizarla para absorber sus abultadas pérdidas y liquidarla.
La nueva empresa RTVV, a la que se habían traspasado todos los activos y el personal, nacía así sin deuda. Sin embargo, los acreedores se negaron a que la Generalitat asumiera esa deuda, por lo que los liquidadores del ente se encontraron en mayo con un pasivo bancario de casi 1.000 millones que lo hacen inviable. Pero no pueden ir a concurso y cerrarlo porque todos los préstamos tienen el aval de la Generalitat y los bancos podrían ir contra ella para cobrar todo por anticipado.
Lo único que puede hacer la Generalitat es hacerse cargo de los vencimientos y de los intereses como hasta ahora, mediante una transferencia al ente, y seguir negociando con los bancos para que acepten el traspaso de la deuda.
Si no lo logra, no podrá disolver el ente. Según las cuentas anuales de RTVV, este año se habrán amortizado 167,66 millones y en 2014 serán 135,18, más unos 20 millones en intereses cada año. VER CALENDARIO DE VENCIMIENTOS La cantidad para el año que viene representa más del 1 por ciento del presupuesto de la Generalitat. No obstante, la cantidad presupuestada en 2014 como transferencia a RTVV es de 107 millones, lo que puede ser indicativo de que algún banco ha aceptado el traspaso de la deuda a la Generalitat.
A los 991 millones de deuda bancaria, el Ejecutivo de Fabra ha cargado con 120 millones de euros en facturas que se pagaron en 2012 mediante el mecanismo estatal de pago a proveedores, es decir, que se transformaron en un préstamo a 10 años que paga la Generalitat.
Último intento
El comité de empresa de RTVV entregó ayer en la Presidencia de la Generalitat dos informes encaminados a "revertir" la decisión de Alberto Fabra de cerrar la radio y la televisión públicas. Uno de los documentos es una "Propuesta económica para la viabilidad de RTVV", que contempla varias medidas de ajuste laboral, como congelación salarial, eliminación de variables y pluses y suspensiones temporales, que permitirían ahorrar hasta 28,25 millones.
El segundo, compromete al comité de empresa y a las seis secciones sindicales a no presentar demandas colectivas contra RTVV en caso de que se llegara a un acuerdo de viabilidad. Los sindicatos trabajaron todo el fin de semana en preparar su oferta, después de que en un encuentro con el vicepresidente, José Císcar, este les emplazara a demostrar con cifras que hay una alternativa al cierre.
Este miércoles se vota el cierre
A pesar del diálogo abierto el pasado jueves con el comité de empresa, Alberto Fabra, que este martes da un discurso en Madrid presentado por Maríano Rajoy, no se ha planteado rectificar.
Será el miércoles cuando se vote en las Cortes autonómicas la "ley de supresión" del servicio público de radio y televisión. Si se aprueba, la supresión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial.
El auditor eleva las pérdidas a 192 millones
