La televisión pública valenciana le costará a la Generalitat en 2014 mucho más de lo que pueda costar el cierre anunciado por Fabra o su mantenimiento, si el Consell acepta la oferta del comité de empresa. Cierre o no, la Generalitat tendrá que afrontar el pago, solo en amortización de deuda, de 135,18 millones de euros, que se suman a los 167,66 que vencían este año.
Los presupuestos de la Generalitat de 2014 solo contemplan una transferencia de 107 millones a Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para deuda, pero es probable que el resto haya sido asumido como deuda propia de la Generalitat, por lo que ya no aparece como gasto de televisión.
En realidad, los 1.059 millones de deuda del ente deberían haber sido asumidos por la Generalitat el pasado mes de diciembre, como se anunció, pero no fue así porque tal cesión requiere el consentimiento de los acreedores y no se les había consultado o no se había obtenido su consentimiento. Así consta en la memoria anual de RTVV correspondiente a 2012. EL AUDITOR ELEVA LAS PERDIDAS A 192 MILLONES
En las cuentas, los liquidadores admiten que tuvieron que empezar el proceso de nuevo el pasado mes de mayo y que, a fecha 15 de julio, habían obtenido la conformidad de solo un acreedor al que se debían 53,5 millones. Ese acreedor no es otro que el Instituto Valenciano de Finanzas, es decir, la propia Generalitat.
El caso es que, esté todavía en RTVV o se haya cedido a la Generalitat, la deuda la paga la Conselleria de Hacienda y los intereses -22 millones en 2012- también.
Es improbable es que alguno de los prestamistas -Dresdner Bank, BBVA, Deutsche Postbank, Dexia Sabadell y Calyon, entre otros- acepte refinanciarla. En 2012, la Generalitat canceló 83,34 millones de euros en deuda más intereses de RTVV, y en el primer semestre de 2013 fueron 95 millones. La memoria no explica si la pagó o la refinanció a través del Estado -vía ICO-, como hace con los vencimientos de la Generalitat.
Otro lastre que se carga sobre la Generalitat es la deuda con los proveedores. La vieja RTVV se acogió al mecanismo estatal de pago a proveedores en 2012, por un total de 120 millones entre ente, televisión y radio. Esa cantidad la cobraron los proveedores, pero se sigue debiendo, ya que se ha convertido en un préstamo que deberá devolver la Generalitat en 10 años.
Traspaso 'relámpago' de acciones
Otro hecho que desvela la memoria anual del ente es que la cesión de la propiedad de las acciones de la nueva RTVV, realizada a toda prisa el pasado 7 de noviembre para que el Gobierno de Fabra pudiese nombrar director general, llevaba tramitándose al menos cuatro meses.
El pleno del Consell, reunido de urgencia, aprobó ese día un decreto ley para que la junta general de RTVV pudiese nombrar director general y consejeros sin pasar por las Corts. Lo hizo con el fin de "garantizar la prestación del servicio público de RTVV", ante la situación de "ausencia de gobierno y administración", tras las dimisiones de la directora general y cinco de los nueve miembros del consejo de administración.
El problema que se encontró fue que el Consell no podía ejercer como junta general porque no era el propietario de las acciones, ya que las acciones permanecían en el antiguo ente, administrado por tres liquidadores. Por ello, los administradores firmaron a toda prisa lo que no habían culminado desde julio, la cesión de las acciones a la Generalitat, que pudo nombrar director general y consejeros esa misma tarde.
La memoria dice textualmente: "Se han iniciado los trámites oportunos para que se produzca la cesión de acciones a la Generalitat que el Ente Público Radiotelevisión Valenciana titula, como accionista único, de Radiotelevisión Valenciana, SA Unipersonal. A la fecha de reformulación no ha finalizado el referido proceso de cesión de acciones". Esa fecha era el 15 de julio.
El documento también revela que la Generalitat cedió en mayo a RTVV la propiedad del edificio de Burjassot (Valencia) donde desarrolla sus actividades, de manera que ese inmueble ya forma parte del activo de la empresa, con un valor de 32,12 millones de euros. La cesión se hizo en forma de aportación no dineraria al fondo social del viejo ente público, que posteriormente capitalizó a su filial por el mismo procedimiento.
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