La polémica decisión del Gobierno de José Antonio Griñán de pagar los gastos de defensa jurídica a los altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los ERE, a los que mantiene en sus cargos, tiene su contrapunto en la Comunidad Valenciana, donde Alberto Fabra hace justo lo contrario.
El Ejecutivo andaluz se defendió de las críticas con el argumento de que un decreto del año 2000 establece que la Junta "podrá representar y defender" a los trabajadores públicos por actos u omisiones en el ejercicio de sus cargos, y es lo que va a hacer si lo solicitan.
Pero podría no hacerlo, como ocurre en la Comunidad Valenciana, donde existe una disposición similar que permite a la Generalitat defender a funcionarios denunciados.
Según confirmaron ayer a elEconomista fuentes del Ejecutivo valenciano, la Generalitat no paga la defensa jurídica de ninguno de los ex altos cargos, ex directivos de empresas públicas o diputados autonómicos imputados en las causas abiertas en esta comunidad, la mayoría en el caso Gürtel. No lo hace, a pesar de que algunos se lo han solicitado, según estas fuentes.
Se trata de una decisión que tuvo su arranque en la legislatura anterior, cuando estalló el conocido como caso de los trajes, que afectó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al exvicepresidente Víctor Campos y a otros dos ex altos cargos, quienes pagaron de su bolsillo sus respectivas defensas.
El criterio de no pagar con dinero público la asistencia jurídica a los imputados por casos de corrupción se ha mantenido con el Gobierno de Alberto Fabra, quien con el paso del tiempo se ha mostrado mucho más contundente que Camps y que Griñán contra los implicados en estas causas.
Destituidos o dimitidos
Además de no pagarles los abogados, Fabra ha destituido u obligado a dimitir a todos los altos cargos imputados en causas como Gürtel, Brugal, Emarsa o Cooperación, 17 en total, según fuentes de la Generalitat, incluido el cese de algunos diputados que ocupaban puestos directivos en el Grupo Parlamentario Popular.
El caso más reciente y sonado fue el del exconsejero Rafael Blasco, imputado por apropiarse presuntamente de fondos destinados al Tercer Mundo, que fue expulsado del Grupo Popular. En el grupo quedan ocho imputados más, de un total de 54 diputados populares.
No obstante, la línea roja contra la corrupción establecida por Fabra tiene excepciones que han sido muy criticadas. Además de los diputados, a los que no puede retirar el acta pero sí expulsar del Grupo -quedaría en minoría-, ha contemporizado con los alcaldes de Alicante y Castellón y ha evitado forzar o retrasado el cese de directivos de empresas públicas imputados, con la excusa de que no eran parte de su Gobierno.
Gruiñán paga la defensa de los imputados
