El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite este jueves tres de las siete últimas querellas presentadas por el Frob el pasado mes de febrero, en las que se imputan diversos delitos a exdirectivos y exclientes del Banco de Valencia, tales como apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil o estafa.
En las tres querellas figura el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra -ya imputado en otras querellas-, acompañado, en dos por el exdirector de Participaciones Inmobiliarias del banco Alfonso Monferrer y, en cada caso, por empresarios presuntamente beneficiados. Entre estos están Joaquín Rivero -expresidente de Metrovacesa y presidente de Bami-, Bautista Soler Crespo y su hijo Juan Bautista Soler Luján, ex presidente del Valencia Club de Fútbol.
En el primero de los autos, Pedraz reclama al Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid su inhibición en la investigación sobre un supuesto fraude de 140 millones cometido al entregar la empresa Arlette Dome, administrada por Rafael Ruiz-Jarabo, pagarés falsos al Banco de Valencia que sirvieron como garantía de un préstamos por esa cantidad para comprar acciones de la inmobiliaria francesa Gecina.
Fue Gecina la que, a preguntas del Frob, afirmó no tener constancia de la existencia de esos pagarés, lo que motivó la denuncia del banco contra Ruiz-Jarabo.
Pedraz reclama el caso porque sostiene que Domingo Parra "podría haber participado" en la falsificación de los pagarés, y admite la querella del Frob contra Ruiz-Jarabo, Parra y los accionistas de Gecina Joaquín Rivero y Bautista Soler Crespo. Este último figura como querellado "a título lucrativo", ya que su patrimonial Sapa también habría utilizado los pagarés falsos para obtener un crédito con el que comprar acciones de Gecina. La acusación les imputa los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa en grado de tentativa.
La compra de La Reva
La segunda querella del Frob que admite el juez de la Audiencia Nacional va dirigida contra Domingo Parra y Alfonso Monferrer; los empresarios del sector inmobiliario Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, Teresa Villalba y Fernando Polanco, y el notario Carlos Pascual, a los que imputa tres delitos de apropiación indebida o, alternativamente, tres de administración desleal.
A título de responsables subsidiarios, aparecen las empresas Salvador Vila, Faverch Desarrollos y Urbanas de Levante, esta última propiedad de Soler, que la llevó a concurso de acreedores hace un mes. La querella se refiere a una operación urbanística en la zona conocida como La Reva, al oeste de Valencia que fue adquirida por Llanera en 2006 y, poco después, revendida a los ahora denunciados.
La tercera querella admitida a trámite por el magistrado Pedraz se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's. En ella se acusa de tres delitos de apropiación indebida a Domingo Parra, Alfonso Monferrer y el empresario de ocio mallorquín Bartolomé Cursach y, como responsables subsidiarios, a las sociedades Intrademallorca 2005, Magainver, Calviá Parc y Tito?s.
Cursach y el Banco de Valencia tuvieron negocios conjuntos y la querella podría estar relacionada con operaciones que resultaron perjudiciales para el banco.
Pide datos al Banco de España
El juez ordena diligencias previas para la averiguación de los hechos denunciados, sin pronunciarse sobre la imputación de los querellados. Entre las diligencias, Pedraz solicita a Banco de Valencia y Bankia documentación sobre estas operaciones y las actas de las reuniones del consejo de administración en las que fueron aprobadas, y al Banco de España le reclama los escritos de recomendaciones que envió a Banco de Valencia en los años 2007, 2008 y 2009.
La querella de los accionistas
El 28 de febrero de 2012 se presentó la primera querella contra la excúpula de Banco Valencia, por parte de una asociación de pequeños accionistas. Más de 20 personas fueron imputadas, pero un conflicto de competencias y la acumulación de trabajo en el juzgado de Pedraz, con ocho querellas más presentadas por el Frob, ha provocado que, 15 meses después, ningún imputado haya sido llamado a declarar.
Santiago Pedraz se quedó las causas
