Los administradores de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana en los últimos años, relevados en abril de 2012 como responsables del agujero que ha llevado a la sociedad avalista de las pymes a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores, aumentaron los avales que la entidad concedió a sus empresas el mismo año que el Banco de España realizaba la inspección que detectó su falta de solvencia.
Fue en el año 2011, en el que la SGR ya arrastraba dos ejercicios con resultado cero y el de 2010 con pérdidas, cuando el supervisor realizó una inspección tras la que le obligó a aumentar las dotaciones para su morosidad, cuya tasa al finalizar ese año era del 9,8 por ciento. Además, señaló una falta de capital que al acabar el ejercicio ascendía a 60 millones de euros y que dejaba a la sociedad avalista en supuesto legal de disolución.
Pues bien, la entidad que dirigía desde 1981 Juan Manuel García Puchol redujo ese año la prestación de avales a las pymes un 42 por ciento, con lo cual la que era primera entidad avalista de ámbito autonómico acabó el ejercicio con un riesgo vivo de 1.222 millones, un 11,8 por ciento menos que un año antes.
El motivo fue "la fuerte contracción de la actividad económica, la escasa oferta crediticia y la caída de la demanda financiera, especialmente la dirigida a la inversión", según explicaba en su informe de gestión.
Una situación a la que, al parecer, eran ajenas las empresas de los miembros del consejo de administración de la SGR, que lograron más avales y aumentaron el riesgo vivo en ese mismo porcentaje, un 11,8 por ciento, hasta 19,94 millones. "Estas garantías han sido concedidas con las condiciones generales de prestación de aval vigentes en cada momento de su formalización", justificaba en su memoria.
Un consejo de 38 personas
El consejo de administración, que durante dos décadas estuvo presidido por el empresario castellonense José Roca, estaba formado por 38 personas, la mayoría empresarios designados por las patronales y cámaras de comercio, así como por la Generalitat.
También tenían representación las entidades financieras socias, sobre todo Bancaja y la CAM, beneficiarias de los avales junto a las pymes, ya que se quitaban de encima gran parte del riesgo al financiar a las pymes. Fuentes empresariales aseguran que uno de los problemas de la SGRvalenciana fue que las grandes cajas la utilizaron para cubrir operaciones de riesgo, entre ellas las inmobiliarias.
El consejo de administración fue relevado en la asamblea del 30 de abril de 2012, días después de que la entidad presentara los resultados de 2011, con pérdidas de 55 millones debidas a las dotaciones, frente a los 2 millones perdidos en 2010. La Generalitat no logró que Bankia y Sabadell -herederas de Bancaja y CAM, respectivamente- aportaran capital, e inyectó en solitario los 60 millones que la entidad necesitaba para no quebrar.
Así, la participación pública pasó del 11 al 40 por ciento, mientras un 55 por ciento lo componen las pymes avaladas, y un 5 por ciento, bancos y asociaciones empresariales. En el nuevo consejo, de 18 personas, repitieron ocho del anterior, la mayoría dirigentes empresariales. Varios de los nuevos dimitieron poco después, tras conocerse que el agujero era mucho mayor.
El objetivo de la SGR es avalar a pymes para que los bancos les fíen. Sorprende, por ello, que el sector de la construcción, que no iba falto de confianza de los bancos, llegara a suponer el 17 por ciento de su riesgo vivo, cuando, además, estaba expresamente excluido de los reavales de la sociedad estatal Cersa.
Pendietes de Bruselas
El Consejo de Administración de la SGR de la Comunidad Valenciana inició el pasado mueves el procedimiento para la declaración del concurso voluntario de acreedores de la entidad, al cumplirse los cuatro meses de preconcurso sin poder firmar el préstamo acordado con los bancos para cubrir sus operaciones fallidas.
El motivo, que el acuerdo incluye un aval de la Generalitat que debe ser autorizado por Bruselas y ese permiso no ha llegado, entre otras cosas porque no se pidió hasta hace dos semanas, una vez que el Ministerio de Hacienda dio su visto bueno.
La autorización de Hacienda no fue completa, ya que exigió una reducción del importe del aval que prestará la Generalitat, para evitar que la Unión Europea llegue a considerar la SGR una empresa pública, con el consiguiente aumento de la deuda pública y, en su caso, del déficit. Así, el aval se limitará a 200 millones, que sumados a los 300 que la Generalitat ya tiene como contra aval en la SGR, elevará el riesgo de las arcas públicas a 500 millones, casi la mitad del riesgo vivo de la entidad.
La actividad avalista de la SGR se encuentra prácticamente paralizada desde principios de 2012, cuando se detectó el primer agujero. A finales de 2011 había más de 9.000 empresas valencianas que habían conseguido préstamos en condiciones ventajosas gracias al aval de la SGR. El 80 por ciento del riesgo vivo correspondía a empresas de menos de 50 trabajadores.
El empeoramiento de la situación económica se refleja en el dato de que el 49 por ciento de los avales formalizados en ese ejercicio lo fueron para financiar circulante, cuando dos años antes este capítulo solo representaba el 27 por ciento.
La SGR entra en concurso
