El consejo de administración de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SGRCV), compuesto por 37 personas, ha presentado su dimisión tras los resultados de 2011 y la situación de de falta de solvencia en la que se encuentra, según han dado a conocer en rueda de prensa su presidente, José Roca, y su director general, Juan Manuel García Puchol.
La SGR más grande de España, que se encuentra en supuesto de disolución, será rescatada el próximo lunes por la Generalitat valenciana mediante una ampliación de capital de 46 millones de euros y la aportación de otros 14 millones de fondos de provisiones técnicas, que computa como reservas a la hora de medir la solvencia.
La entidad avalista perdió 55 millones en 2011, debido, según García Puchol, a los 67 millones de dotaciones que tuvo que realizar, de los que 36 se debieron a la circular del Banco de España que entró en vigor en septiembre de 2010 que obligaba a aumentar las dotaciones a las entidades financieras. El margen de explotación fue de 10,9 millones.
En 2010 había entrado en pérdidas por primera vez en 30 años, por 2,8 millones, que se compensaron con reservas en el balance.
Inspección del Banco de España
SGRCV tuvo una inspección del Banco de España en el primer semestre de 2011 que le obligó a aumentar las dotaciones para su morosidad, cuya tasa se iba elevando hasta acabar el año en el 9,8 por ciento. Un 16 por ciento de ella proviene de avales al sector inmobiliario.
Según García Puchol, la cobertura de la morosidad es ahora mismo del 98 por ciento. El ejecutivo, que también dimitirá como director general el próximo lunes, ha defendido su gestión de los últimos 30 años -entró en 1981- remarcando datos como la tasa de eficiencia del 35 por ciento, frente al 60 por ciento del sector de SGR.
Roca y García Puchol han revelado que los problemas de solvencia de la entidad se conocían desde finales de 2009, y que se les trasladaron al entonces consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, y el Banco de España. En 2010 se elaboró un plan de capitalización de 36 millones que debían aportar la Generalitat, las entidades financieras (Bancaja, CAM y las rurales) y los socios partícipes.
García Puchol ha afirmado que la entidad nunca ha contemplado su disolución, aunque tal posibilidad figura en el orden del día de la junta, ya que se puso por cuestiones legales en caso de no aprobarse ni una ampliación ni una reducción de capital. La desaparición de SGR habría causado un grave perjuicio al tejido empresarial valenciano, ya que más de 9.000 pymes se benefician de sus avales, con los que logran financiación y, además, a buen precio.
Bankia y CAM no ponen dinero
El plan de capitalización de 2010 no sirvió para nada, ya que la Generalitat no puso lo prometido -anuló el desembolso de 15 millones en 2011 cuando ya constaba como "operación reconocida"- y las entidades financieras tampoco, y a solo las empresas partícipes, beneficiarias de los avales, se les subió la aportación del 4 al 8 por ciento.
En 2011, el Banco de España obligó a SGRCV a aprobar un nuevo plan, cosa que hizo el 29 de diciembre, elevando las aportaciones de capital necesarias a 60 millones. De ellos 30 serían serían aportados por la Generalitat y otros 30 por Bankia, Banco CAM y las rurales.
Pero las entidades financieras no han puesto su parte y será la Genralitat la que pondrá los 60 millones en la junta de accionistas del lunes. Según Roca, no es que las entidades se hayan negado, sino que no se lo han pedido formalmente, aunque sí ha habido conversaciones previas, especialmente con el vicepresidente de Bankia, Francisco Pons, que no parecen haber dado el resultado deseado. La intención de SGRCV es que Bankia eleve su aportación hasta 16 millones -ahora es de poco más de 2-, que es la que tiene desembolsada en Avalmadrid.
Tras la ampliación de capital, la participación de la Generalitat en SGRCV pasará del 11 al 40 por ciento y la de las entidades de crédito del 6 al 4 por ciento. La más de 9.000 empresas avaladas que participan en el capital pasarán de tener un 81 por ciento al 55 por ciento, por debajo de la media del sector de SGR, que está en el 59 por ciento.
Con la ampliación, el coeficiente de solvencia de la entidad alcanzará el 10,1 por ciento, superior al 8 por ciento que exige la ley.
La junta general de lunes aprobará también reducir el tamaño del consejo de administración de los 37 miembros actuales a 15 o 16, que serán nombrados por los socios al haber dimitido los actuales.
