La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana, la mayor de España en número y volumen de avales a pequeñas y medianas empresas, pasa por un momento muy delicado por la misma causa que ha llevado a la desaparición de prácticamente todo el sector financiero valenciano, la alta exposición al negocio inmobiliario.
La entidad avalista es ahora más importante que nunca para las pymes que tienen problemas para obtener financiación bancaria. Más de 9.000 empresas han conseguido en las últimas tres décadas préstamos avalados por SGR Comunidad Valenciana, que a finales de 2010 tenía un riesgo vivo de 1.386 millones de euros, el 22 por ciento de todas las SGR españolas.
El Banco de España sometió a la entidad que dirige José Manuel García Puchol a una inspección en el segundo semestre de 2011, que concluyó con la exigencia de recapitalizar la entidad antes de seis meses debido a que los recursos propios estaban por debajo del mínimo exigido a este tipo de entidades.
El capital necesario es de más de 40 millones, y el problema es que ningún socio está en disposición de hacer grandes desembolsos.
Su mayor socio protector es el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El organismo dependiente de la Generalitat tiene el 11 por ciento, mientras Bankia y Banco CAM suman el 5,2 por ciento y el resto del capital está atomizado entre otros socios protectores (entidades financieras, cámaras de comercio y patronales) y los socios partícipes, que son las 9.300 empresas beneficiarias de los avales.
El capital social al terminar 2010 era de 92,8 millones, de los que 74,6 correspondían a los socios partícipes y 18,2 a los socios protectores.
Ni el IVF tiene dinero
La SGR presentó al Banco de España el pasado 30 de diciembre un plan de capitalización que pasaba por una ampliación de capital de 30 millones del IVF. Sin embargo, el regulador ha exigido más fondos propios, por lo que la entidad se ha dirigido a los dos siguientes accionistas, Bankia y Banco CAM, que siendo Bancaja y CAM aportaron 10 millones en 2010, pero que ahora no parecen estar por la labor, según admitió el presidente de SGR, José Roca, en declaraciones a elEconomista.
La sociedad ha presentado alegaciones a la última exigencia del Banco de España, mientras continúa buscando capital. Por si esto fuera poco, el IVF ha retrasado el pago de los primeros 15 millones debido a los problemas financieros de la Generalitat -dice que pagará "pronto, cuando tenga liquidez"-, y admite que no sabe cuándo desembolsará los otros 15.
Roca atribuye las dificultades al hundimiento del sector inmobiliario, con el que la SGR llegó a concentrar "un 40 por ciento de riesgo hace tres o cuatro años", aunque ahora ronda el 17 por ciento. "En aquel momento era el sector más activo", justifica el presidente de la entidad.
Un sector, el inmobiliario, que tenía un problema añadido a la hora de avalar sus préstamos, y es que estaba excluido del reafianzamiento, por lo que la SGR no tenía cubierto ese riesgo en caso de impago. El IVF y la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), dependiente del Ministerio de Industria, tenían firmado un contrato de reafianzamiento con la SGR, gracias al cual cubren hasta el 75 por ciento de las operaciones avaladas. El IVF dejó de prestar esta garantía en 2010, cuando empezó la crisis, y el reafianzamiento pasó a ser directo de la Generalitat.
10 por ciento de morosidad
La SGR Comunidad Valenciana acabó 2011 con una morosidad de en torno al 10 por ciento, frente al 6,9 de 2010. La tasa de cobertura bajó del 91 al 75 por ciento y la entidad tuvo que adjudicarse numerosos inmuebles, que ahora están a la venta en su página web.
La sociedad que dirige García Puchol entró en pérdidas por primera vez en 2010, con 2,8 millones, debido a las dotaciones por el riesgo inmobiliario. Las cuentas de 2011 aún no están aprobadas. La SGR ha reducido su actividad avalista, pero continúa aprobando operaciones. El pasado 6 de febrero aprobó 34 operaciones por un total de 35 millones de euros.
