
El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de un juzgado de lo Mercantil de Valencia, ratificada en parte por la Audiencia Provincial, que impuso a Inmochan, vinculada a Alcampo, el pago de 21,8 millones de euros al Grupo Llanera. El fallo deja a la promotora de los hermanos Gallego al borde de la liquidación, según fuentes jurídicas.
Llanera, que protagonizó en 2007 el primer gran concurso de acreedores del sector inmobiliario en esta crisis, con más de 700 millones de pasivo, logró que se aprobase en 2009 un convenio muy ajustado que tenía como pilar central el proyecto Nou Mil.leni, un plan urbanístico de 12.000 viviendas sobre una superficie de 1,7 millones de metros cuadrados en Catarroja (Valencia).
El proyecto incluía un hipermercado de Alcampo, pero la entrada de Llanera en concurso y la paralización judicial del plan por motivos medioambientales hicieron que se retrasara más de dos años. Aunque ese era el plazo estipulado para que Inmochan tuviera derecho a abandonar el proyecto, el juez condenó a la promotora de Alcampo a seguir en él y pagar los 21,8 millones, "en interés del concurso".
El Supremo dice ahora que "la Ley Concursal no prevé esta posibilidad de dejar sin efecto garantías contractuales a favor de la parte in bonis", aunque sea para que la parte en concurso salga adelante.
Solo una promoción en marcha
Fuentes jurídicas aseguran que cuando Inmochan reclame la devolución del dinero, más los intereses y las costas del primer juicio, Llanera no podrá afrontarlo, lo que llevará "a la liquidación por incumplimiento de convenio". Tanto Inmochan como Llanera declinaron ayer explicar las posibles consecuencias de la sentencia.
La actividad del Grupo Llanera es, desde la salida del concurso, prácticamente inexistente, con solo una promoción de viviendas en marcha, Céntrica, en un barrio de Valencia, según su página web.
Como publicó elEconomista, Llanera amplió del 51 al 68 por ciento su participación en la empresa promotora de Nou Mil.leni a costa de Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), empresa pública de la Generalitat, que le cedió ese porcentaje al no suscribir una ampliación de capital de 3,5 millones.