La Comunidad Valenciana fue la tercera que menos fondos por habitante recibió en 2010 con el nuevo sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. El año anterior había sido la penúltima y en el período 2002-2009 fue la peor financiada per cápita, teniendo en cuenta todos los ingresos, un 20 por ciento inferior a la media de todas las comunidades.
Esta desigualdad demostrada con datos del Gobierno es el argumento del Gobierno de Alberto Fabra y antes del de Francisco Camps para rechazar que la abultada deuda de la Comunidad Valenciana se deba al despilfarro o a las obras faraónicas.
Fabra dijo la semana pasada que se siente "no bien tratado por algunos medios de comunicación", que entiende que se ceban con la situacion de su comunidad, y Rita Barberá rechazó que los valencianos sean "los peores del mundo mundial, cuando todo el mundo está igual o peor".
Pero las cifras cantan, y cantarán aún más cuando el Banco de España publique los datos de deuda del primer semestre, que incluirán los préstamos por 4.355 millones de euros firmados con 11 bancos para el pago a proveedores el 21 de junio. La deuda total podría superar los 25.000 millones y el 24 por ciento del PIB regional.
Un reciente estudio de Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), encargado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), cifraba en 7.781 millones el dinero adicional -"deuda histórica" la calificó Fabra- que la Comunidad Valenciana debería haber recibido entre 2002 y 2009 si hubiese tenido una financiación per cápita como la media, a los que habría que sumar 1.100 millones más de 2010.
Sin embargo, estos datos no pueden ocultar que la Generalitat ha gastado muy por encima de sus ingresos cada año, incluso los más boyantes, que llegó a cerrar con superávit a base de dejar sin contabilizar cientos de millones de euros en facturas de Sanidad.
Lejos de tomar medidas para amortiguar el defecto de financiación heredado del socialista Joan Lerma, los populares Eduardo Zaplana (1995-2002) y Francisco Camps (2003-2011) usaron el "agravio" para justificar cualquier gasto que elevara el endeudamiento, con el argumento de que los valencianos no iban a renunciar a tener los mismos servicios que otros por el hecho de estar peor financiados.
Grandes eventos
Aunque la mayor parte del presupuesto se destina a los departamentos de Sanidad y Educación, el informe del Ivie fija en el 12 por ciento de la deuda acumulada el dinero destinado a gastos criticados por superfluos, como los grandes eventos. Esto supondría unos 2.500 millones de euros. No incluyen la televisión pública valenciana, que en solo 10 años acumuló una deuda de 1.200 millones, gran parte empleado en gasto corriente, que ahora ha asumido la Generalitat.
Entre los símbolos de gasto desmesurado más conocidos está el contrato de para organizar grandes premios de Fórmula 1 en Valencia, que Camps presentó en la campaña electoral de 2007 -Bernie Ecclestone vinculó su validez a la victoria del líder popular- con la promesa de que no iba a costar un euro del erario y que ya ha costado más de 200 millones, incluido un canon anual obligatorio de 20 millones anuales -Cataluña paga 13 por Montmeló-, que el Gobierno de Fabra trata de reducir alternando su gran premio con el catalán.
Otros ejemplos son el aeropuerto de Castellón y el Ágora de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, de Santiago Calatrava, que ha costado casi 100 millones y no tiene utilidad.
Con la boca pequeña
La reivindicación de una mejor financiación siempre fue un debate local, de manera que en Valencia se recurría al victimismo para ganar votos, el PSPV-PSOE cuando gobernaba Aznar y Camps cuando Zapatero, pero la exigencia de un modelo más equitativo nunca se planteó formalmente, como sí hizo Andalucía al enfrentarse al Gobierno de Aznar o Cataluña en varias ocasiones.
De hecho, el modelo de financiación autonómica de 2001 fue bautizado como modelo Zaplana por haber sido propuesto por el entonces presidente valenciano; en 2006, PP y PSOE acordaron reformar el Estatuto valenciano sin plantear reivindicaciones económicas que sí incluyeron otras comunidades, y en 2009 se acordó el actual modelo, que seguía dejando a los valencianos en el furgón de cola, según se dijo y se ha demostrado en 2010, sin que la Generalitat se opusiera.
Alberto Fabra afirmó en septiembre de 2011 que exigiría a Zapatero el pago de la "deuda histórica" y el cambio de modelo, pero tras la victoria de Rajoy dice que ahora no es el momento.
Lo que sí ha hecho Fabra es intentar adecuar el tamaño de la Administración autonómica a los ingresos que recibe, mermados por la crisis.
El pasado jueves adelantó el dato del déficit autonómico en el primer semestre, un 1,09 por ciento, que pone muy difícil cumplir con el tope del 1,5 por ciento a final de año. Sobre todo por que una de las patas de su plan de equilibrio, la reestructuración del sector público empresarial -121 millones-, se ha retrasado y apenas ahorrará dinero, y otra, el adelanto de 360 millones por parte de los futuros operadores de la sanidad pública, no tiene visos de conseguirse porque el negocio no está tan claro.
