El Gobierno valenciano que preside Alberto Fabra quiere que Aena gestione el aeropuerto de Castellón tras haber cancelado el contrato que tenía con la concesionaria que ha construido el aeródromo y que debía explotarlo durante 50 años.
La ruptura se produjo el pasado viernes, cuando después de varios meses de tiras y aflojas, Concesiones Aeroportuarias, controlada por Globalvía, presentó una demanda contra la empresa pública Aerocas por incumplimiento de contrato.
Esa misma tarde, la Generalitat anunciaba que "suspendía" el contrato "con Globalvía", individualizando en esta sociedad controlada al 50 por ciento por Bankia y FCC el contencioso que mantiene con la concesionaria. En ella participan, además, Bankia -el 15 por ciento heredado de Bancaja-, Lubasa, Abertis y PGP.
La idea de que Aena gestione el aeropuerto surgió tras el reciente acuerdo al que llegaron Fomento y el Gobierno de Murcia para que Aena se hiciese cargo de la gestión del aeropuerto privado de Corvera, que se inaugurará este año, a cambio de cerrar la parte civil del aeropuerto militar de San Javier, situado demasiado cerca como para poder rentabilizar ambas infraestructuras.
Según fuentes del Gobierno valenciano consultadas por elEconomista, la propuesta todavía no se ha planteado a Fomento ni a Aena porque se estaba a la espera de que el equipo de Ana Pastor tomara el mando del Ministerio.
Habrá indemnización
La cancelación unilateral del contrato de concesión no le saldrá gratis a la Generalitat, ya que ha dejado sin negocio a una empresa que ha invertido 120 millones de euros en el aeropuerto, inaugurado el pasado 25 de marzo por Francisco Camps y Carlos Fabra, cuyas obras acabaron oficialmente seis días después y que aún no tiene actividad. En la Generalitat admiten que "habrá que negociar" la indemnización.
Concesiones Aeroportuarias había financiado la obra con un préstamo participativo de Aerocas, de 44 millones, que probablemente asumirá la empresa pública, que a su vez lo tenía financiado por varias entidades.
Además, la concesionaria tiene un préstamo sindicado de 34,2 millones, que es el que provocó la ruptura, ya que los bancos exigieron que la Generalitat cubriese las pérdidas de la empresa los ocho primeros años de actividad. Aunque la Generalitat aceptó y firmó el acuerdo el pasado 23 de marzo, no llegó a entregar la carta de patrocinio necesaria, lo que motivo que la empresa controlada por Globalvía presentara la demanda.
