El grupo de entes, empresas y fundaciones públicas de la Generalitat valenciana perdió 833,8 millones de euros -datos agregados- en 2010, a los que habría que añadir las subvenciones corrientes que recibió de la Administración autonómica -428,9 millones-, para calcular el coste que supuso al erario valenciano el sector público: 1.262,7 millones.
Parte de ese coste, las subvenciones de la Generalitat, ya está pagado, mientras las pérdidas habrá que cubrirlas como se viene haciendo en los últimos años, con reducciones de capital -el 23 de diciembre se aprobó una de 381 millones en Ciudad de la Artes y las Ciencias (Cacsa)- combinadas con simultáneas ampliaciones para evitar la quiebra de las empresas por acumulación de pérdidas.
La Sindicatura de Comptes, equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas, advierte en su último informe de la situación irregular de buena parte de las empresas públicas, cuyos fondos propios son negativos, por lo que necesitan de continuas operaciones acordeón.
Así lo reflejaban también las auditorías privadas de cada empresa, de las que un total de 21 contenían salvedades. La Sindicatura también constata que la deuda bancaria de estas empresas y entes a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 5.656,7 millones -el año anterior no especificaba este dato agregado-, toda ella avalada por la Generalitat.
Del análisis del informe del Síndic cabe destacar un hecho positivo, y es que la Generalitat logró contener el aumento de las pérdidas del sector público en 2010. Los números rojos de las empresas y entes se redujeron 2,3 millones, un 0,27 por ciento, mientras que los de las fundaciones aumentaron la misma cantidad, 2,3 millones, que supone un 46 por ciento más. Solo tres empresas obtuvieron beneficios.
Llegan los recortes
La reducción del sector público valenciano había sido anunciada reiteradamente por el anterior Gobierno de Francisco Camps y el actual de Alberto Fabra, pero aplicada con cuentagotas con la liquidación o fusión de algunas pequeñas empresas y fundaciones.
No ha sido hasta las últimas semanas cuando ha empezado a materializarse, un retraso que la Generalitat atribuye a la "complejidad" del proceso pero que también obedece a la falta de presupuesto para, por ejemplo, pagar indemnizaciones derivadas de la reducción de las plantillas. En las empresas y fundaciones trabajan unas 12.000 personas.
En el caso de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) podrían ser entre 800 y 1.000 personas las despedidas en el primer trimestre de este año, contingencia que sí está contemplada en su presupuesto de 2012. En cuanto a las fundaciones, la Generalitat aprobó hace un mes la supresión de 10 de las 35 existentes.
El consejero de Economía, Enrique Verdeguer, cuyo equipo ha diseñado el plan de ajuste con el que prevé ahorrar 400 millones de euros el primer ejercicio, ha dejado el grueso de los recortes para el nuevo año.
Así, el 1 de enero entró en vigor la ley que crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana, una entidad de derecho público que será la titular de 26 empresas y 19 entidades, todas las del sector público excepto RTVV y la Agència Valenciana de Turisme (AVT). La televisión pública queda fuera porque va a tener un tratamiento diferenciado que incluye un cambio de modelo de gestión, como ya contó elEconomista el pasado 12 de diciembre.
Entre las funciones de la Corporación están coordinar y optimizar la gestión de las empresas, aprovechando las sinergias, así como asegurar el cumplimiento del decreto ley de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, aprobado en septiembre.
Este decreto impuso a todo el sector público, incluidas RTVV, AVT y las fundaciones, férreas normas de control de gastos, entre ellas la prohibición de contratar personal eventual, la limitación de sueldos de los directivos, la obligación de obtener autorización previa para determinadas contrataciones y la imposición de unos plazos de pago a proveedores.
