La Comunidad Valenciana camina hacia el colapso financiero debido, entre otros motivos, a un gasto sanitario que supone ya casi el 50 por ciento del total del gasto real de la Generalitat, el porcentaje más alto de España.
Para evitar el impacto de esa factura en forma de mayor déficit de la Comunidad, el Ejecutivo valenciano saca de la liquidación final una parte creciente del gasto sanitario -lo que se conoce como facturas en el cajón-, como constata el informe sobre el ejercicio de 2010 de la Sindicatura de Cuentas -equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas-, que se hizo público el pasado viernes.
El órgano fiscalizador de las cuentas autonómicas sitúa el problema no tanto en la gestión, siempre mejorable, como ya se encarga de señalar el propio informe, como en el modelo de financiación. La Sindicatura afirma que existen "problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual, que tienen su reflejo en el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito presupuestario suficiente".
La Sindicatura también constata que con el sistema de financiación autonómica implantado en 2009 la Comunidad Valenciana continúa siendo la segunda por la cola en financiación per cápita, por detrás de Baleares, aunque con menos diferencia respecto a la media que con el sistema de 2001.
El informe de fiscalización del sector público de la Generalitat del ejercicio 2010 revela que el Gobierno entonces presidido por Francisco Camps y con Gerardo Camps como responsable económico, no contabilizó 802,3 millones de gasto sanitario para no elevar el déficit, que se situó en el 3,57 por ciento del PIB regional.
El informe, tradicionalmente el más tempranero de todas las administraciones españolas, revela que la práctica de esconder parte del gasto sanitario va en aumento, ya que las facturas no contabilizadas en 2009 fueron de 672,1 millones.
Estos datos no incluyen el gasto farmacéutico, que siempre tiene un desfase de dos meses, justificado por la Generalitat porque no conoce el gasto de noviembre y diciembre hasta el año siguiente.
Se deben 2.741 millones
Según la Sindicatura, la ocultación de facturas y su posterior afloramiento ha provocado que, a 31 de diciembre de 2010, la Generalitat arrastre compromisos en el área de Sanidad que vienen del año 2002 por importe de 2.741 millones, de los que 1.398 están periodificados en pagos anuales hasta 2017. Para el resto se establecerá un aplazamiento similar, según el consejero de Hacienda, José Manuel Vela.
El consejero reconoce que la situación en 2011 será peor, debido a las tensiones de tesorería que ha sufrido el Ejecutivo autonómico. Según Vela, la situación de los mercados de deuda "será el tema estrella" del informe de la Sindicatura correspondiente a 2011, porque "la causa de que la Generalitat retrase los pagos no es la caída de recaudación ni tampoco la deficiente financiación", sino el hecho de que la Generalitat "esté destinando su tesorería a amortizar operaciones financieras" que habitualmente se renovaban, una situación que califica de "anómala" y de "absolutamente insostenible".
Por ello, Vela reiteró el viernes su petición, esta vez al nuevo Gobierno central, de que "arbitre un mecanismo financiero para que las autonomías puedan, al menos, renovar su endeudamiento", apartado en el que los llamados hispanobonos serían "una posible solución".
El Gobierno de Fabra afronta la última semana del año con la tranquilidad de poder pagar las nóminas y los "compromisos urgentes", aunque la mayoría de los proveedores tendrá que seguir esperando.
De hecho, el Ejecutivo autonómico se ha negado a establecer un plan de pagos a proveedores porque no tiene la seguridad de poder cumplirlo. "Estoy trabajando para presentarlo en enero", afirmó Vela, que confía en que "esta situación no dure mucho" tras la inyección de dinero en el mercado por parte del Banco Central Europeo.
Al borde del 'default'
Esta tranquilidad contrasta con los nervios que se vivieron la semana pasada en la Generalitat, que estuvo al borde del default (impago) al no poder hacer frente al vencimiento de los 1.582 millones de euros en bonos para minoristas -los llamados patrióticos- emitidos en diciembre de 2010.
El pago se pudo realizar gracias a un préstamo sindicado de 600 millones firmado in extremis con Bankia, La Caixa, Sabadell, BBVA y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La situación llegó a ser tan angustiosa, que Alberto Fabra tuvo que intervenir personalmente para convencer a los presidentes de las entidades financieras. El Santander, que un primer momento no quiso firmar, se apuntó dos días después, el pasado viernes.
Por si acaso, unos días antes Elena Salgado había anticipado una transferencia de 480 millones a la Generalitat, que sumados a los 1.058 recaudados con la nueva emisión de bonos patrióticos casi daban para el vencimiento, pero dejaban las arcas sin un euro para las nominas.
Sin medidas de choque
A pesar de la insostenible situación de la Sanidad valenciana, el Gobierno de Alberto Fabra se niega a tomar medidas drásticas para atajar el gasto como las puestas en marcha en Cataluña, que incluyen el cobro de una tasa por receta.
La Consejería de Sanidad valenciana puso en marcha hace meses un plan de ahorro que ha corregido ineficiencias, como tener abiertas todas las camas de todos los hospitales.
Además, la Generalitat decidió no abrir dos hospitales cuyas obras están acabadas, en Gandia y Llíria, ambas en la provincia de Valencia, para no aumentar los gastos fijos en personal y gastos de funcionamiento de la Consejería, y anunció que aplazaba sine die la construcción de otros tres.
Control de las recetas
Con el fin de reforzar el control del gasto, no solo en la administración sanitaria, la Generalitat acaba de crear una Viceintervención General de Control Financiero que se suma al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores. Según la portavoz del Ejecutivo, Lola Johnson, su función será "efectuar controles específicos en aquellas áreas de gestión donde se hayan podido constatar desajustes importantes de orden presupuestario no suficientemente justificados o debilidades de gestión que precisen de un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia y economía de la misma".
El máximo responsable de la Intervención General, del que depende la nueva unidad de control, ha sido ascendido al rango de secretario autonómico.
La nueva unidad incluye cinco viceintervenciones generales, en concreto, de Función Interventora, de Control Financiero, de Auditorías, de Contabilidad Pública y para la Administración Sanitaria. Según Johnson, ya se están preparando controles financieros especiales en Sanidad, Educación, Formación y Empleo, Economía, Industria y Comercio, y Medio Ambiente con el objetivo inmediato de emitir un pronunciamiento sobre la adecuación de su gestión a la "racionalidad económica-financiera".
Según ha podido saber elEconomista, entre los gastos que la Consejería de Hacienda quiere fiscalizar se encuentran los de farmacia, universidades y el turno de oficio de los abogados.
