La promesa de que los ajustes no afectarían al gasto social no se ha cumplido en Justicia, ya que por problemas presupuestarios se ha aplazado sine die la puesta en marcha de 15 juzgados que debería haberse producido en diciembre de 2010.
El presidente valenciano, Francisco Camps, anunció en su discurso de investidura, el pasado 16 de junio, un importante recorte presupuestario que en ningún caso afectaría al gasto social, que engloba las áreas de sanidad, educación, bienestar social y justicia. "El Consell no recortará ningún pilar de la sociedad del bienestar", afirmó.
Este viernes se ha sabido que al menos en justicia ya ha incumplido su promesa, ya que el Gobierno valenciano ha renunciado a crear 15 juzgados, a pesar de durante los últimos años viene reprochando al Gobierno central la falta de juzgados y solicitando la creación de más unidades judiciales.
Los 15 juzgados fueron autorizados por el Gobierno en 2010 y debían ponerse en marcha antes de acabar ese año. La creación de las unidades es competencia estatal, pero su dotación material y de personal corre a cargo de las comunidades autónomas. El Gobierno de Camps pidió un aplazamiento de seis meses debido a los "ajustes presupuestarios" de final de año, pero a punto de cumplirse el plazo ha comunicado al Ministerio de Justicia que estos 15 juzgados le suponían un "alto y desproporcionado coste" y que "carecía de sentido su entrada en funcionamiento".
La renuncia afecta sobre todo a la provincia de Alicante, donde estaban previstos 9 de los 15 juzgados. El Consejo de Ministros suspendió en su reunión de este viernes su puesta en funcionamiento hasta que la Generalitat "comunique al Ministerio de Justicia que está en condiciones de cumplir sus obligaciones legales y estatutarias", según explicó mediante un comunicado.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, dijo recientemente que no crear los 15 nuevos órganos judiciales previstos para la Comunitat supondría "no garantizar la tutela judicial efectiva que los ciudadanos merecen".
Reducción de altos cargos
El nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana, reducido de 13 a 10 consejerías, aprobó en su primera reunión, celebrada este viernes, nuevos recortes en su estructura. Según anunció la nueva portavoz del Consell, Lola Johnson, la Generalitat ahorrará cerca de 14 millones de euros anuales en nóminas con el recorte de 20 altos cargos, asesores y puestos de confianza. La reducción global de estos puestos ronda el 30 por ciento de los que había en la pasada legislatura, que eran 260, según especificó Johnson.
El Ejecutivo nombró a 98 cargos del denominado segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios autonómicos, directores generales y subsecretarios-, sin grandes novedades. Destaca el ascenso del que durante 16 años ha sido director general de Trabajo, Román Ceballos, que fue nombrado secretario autonómico de Formación y Empleo, y el de la hasta ahora directora general de Internacionalización, Mar Casanova, que será la número dos de la Consejería de Economía, Industria y Comercio que dirige Enrique Verdeguer. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, compatibilizará el cargo con el de director general de Economía.
