El futuro de la concesionaria del aeropuerto de Castellón y del propio aeródromo pende de un hilo. Concretamente, de la voluntad del grupo de bancos que prestaron 34,2 millones de euros a la empresa Concesiones Aeroportuarias con una cláusula que les permite, si a 31 de diciembre de 2010 no se había puesto en servicio, exigir la resolución anticipada del préstamo, que está garantizado por los accionistas, los cuales tendrían seis meses para devolverlo.
El aeropuerto, como es conocido, no se ha inaugurado a pesar de estar las obras prácticamente concluidas desde hace un año, ya que Concesiones Aeroportuarias ha solicitado una revisión del contrato de concesión por considerar inviable el negocio. Los accionistas son Globalvía -empresa de Caja Madrid y FCC-, con el 45 por ciento, Lubasa (30), Bancaja (15) y Abertis y PGP, con el 5 por ciento cada una.
Si los bancos pidieran la cancelación del crédito, obligarían a la concesionaria a entrar en concurso de acreedores, ya que casi un tercio de su financiación procede de esa póliza, lo cual obligaría probablemente al rescate de la concesión por parte de Aeropuerto de Castellón (Aerocas), la empresa pública de la Generalitat y la Diputación de Castellón que promovió esta infraestructura de gestión privada. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana -equivalente al Tribunal de Cuentas- ya mostró su preocupación sobre esta cláusula en su informe sobre el ejercicio 2009.
Los bancos acreedores son Santander, Sabadell, Caixa-Banco de Investimento, Cajasol, Dexia Sabadell y Natexis. Estas entidades concedieron el año pasado una prórroga a la empresa, ya que la fecha inicial de la cláusula era el 31 de diciembre de 2009. El contrato no se ha modificado y los bancos no han exigido, de momento, la devolución del préstamo.
Negociación con Carlos Fabra
Directivos de Globalvía, en representación de la concesionaria, se volverán a reunir el lunes con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para negociar una salida, tras la petición de revisión del contrato. La empresa quiere que Aerocas asuma los gastos de controladores y bomberos, que un cambio legal obliga ahora a soportar a las concesionarias, y exige compensaciones por no haberse construido el complejo turístico que estaba previsto junto al aeropuerto. Fabra está dispuesto a asumir el primer punto, pero no el segundo, que no está incluido en el contrato de concesión.
La empresa considera que el aeropuerto no es económicamente viable con el actual contrato y con la crisis económica. Es significativo que ninguna compañía aérea se haya comprometido a operar en él, de momento. A pesar de ello, Carlos Fabra, su impulsor, ha anunciado que lo inaugurará este mes, antes del veto legal que impide hacerlo a dos meses de las elecciones.
