Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana considera inviable una empresa pública energética

  • Descarta un proyecto que lo solicitaba en los presupuestos participativos
  • En su lugar, destina 100.000 euros a comunidades energéticas
Placas solares.
Valencia

Con los precios de la luz batiendo récords continuamente, la propia Generalitat Valenciana echa por tierra una de las propuestas a las que se agarran sus socios de Unidas Podemos para el mercado eléctrico y que se presentaron a los presupuestos participativos.

Entre las propuestas presentadas a los presupuestos participativos para 2022 figuraba la solicitud de crear "una empresa pública con capacidad de generar energía verde y distribuirla" a "precios asequibles" y "con bonos sociales".

El segundo acuerdo de los socios del Botànic ya apuntaba en esa línea, aunque sin un compromiso concreto de crear una empresa pública ni plazos. Así, en el punto 1 sobre Cambio Climático se incluye textualmente el "desarrollo de la Agencia Valenciana de Energía (actualmente en el IVACE-Energía) como herramienta para el impulso de la producción y distribución de energía renovable para las administraciones, hogares y tejido empresarial, como paso previo a la creación de un organismo con capacidad para la generación energética".

Aunque en el listado de las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos se ha incluido una con el título que recogía esa solicitud de "Empresa pública de energía" y se le dota con 100.000 euros, lo cierto es que el expediente y el destino final de ese dinero no tiene nada que ver con la creación de una empresa pública.

Motivos legales

En el expediente queda claro que se considera "inviable" llevar a cabo esta propuesta por razones legales, como que "la misma empresa no puede generar y distribuir energía eléctrica. Es incompatible ex art. 12 Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Inviabilidad técnica (jurídica) conforme primer guion del citado apartado 9.5 c) del Anexo I de la citada Resolución", señala textualmente. Además entre alas otras motivaciones que incluye alega que para crear una empresa pública es necesario aprobar una Ley Autonómica, por lo que queda fuera del alcance de los presupuestos participativos.

En su lugar, esos 100.000 euros se destinan a campañas para fomentar las comunidades energéticas locales, unos programas que llevan ya tiempo siendo anunciados por la Conselleria de Economía, aunque manteniendo un título que poco tiene que ver con la realidad.

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