Los socialistas, Compromís y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo en la negociación parlamentaria para modificar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos e introducir nuevas medidas fiscales no previstas en el proyecto inicial.
Los socios del Gobierno de Ximo Puig, PSPV, Compromís y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo para incrementar la presión fiscal, con medidas como nuevos tramos superiores del IRPF para las rentas altas, un incremento del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas y un impuesto a grandes tenedores de viviendas vacías, además de un impuesto medioambiental sobre instalaciones del transporte de energía eléctrica.
Una subida fiscal que contrasta con la reticencia que había mostrado hasta ahora el propio Ximo Puig a incrementar los impuestos en plena crisis económica y en las negociaciones que mantiene con Ciudadanos para que este grupo apoye los presupuestos autonómicos. El líder de Ciudadanos, Toni Cantó había llegado a asegurar que tenía un compromiso del presidente para que no se produjera ningún alza fiscal en 2021.
El acuerdo estipula que en el caso del IRPF, se crean dos nuevos tramos para las rentas a partir de 140.000 y 175.000 euros. En el caso de Patrimonio, por un lado el límite exento se rebaja de los 600.000 a 500.000 euros y se incrementará para las grandes fortunas.
El acuerdo se ha producido tras una reunión de los síndics de los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, Manolo Mata, Fran Ferri y Naiara Davó. Los portavoces también se han encontrado con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau.
El aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas era una de las reclamaciones que habían presentado Compromís y Unidas Podemos a su socio de Gobierno y que hasta ahora había provocado varios tiras y afloja en el seno del Gobierno de coalición.
En un comunicado conjunto de los grupos parlamentarios, se anuncia que "también se harán públicas las listas de grandes morosos y defraudadores a la hacienda pública valenciana". Por otra parte, se crean nuevas deducciones al alquiler a colectivos de discapacidad, jóvenes y mujeres víctimas de violencia machista y al autoabastecimiento energético.