El Real Decreto-Ley que está llamado allanar el camino de los Ayuntamientos para que puedan limitar y regular la actividad de los coches de Uber y Cabify en las ciudades tendrá que esperar unas semanas más para ver la luz. El Ministerio de Fomento, que se había comprometido con el taxi a modificar la Ley de Transporte Terrestre (Lott) en el Consejo de Ministros de este viernes, ha retrasado su aprobación ante las dudas legales que despiertan algunas de las soluciones propuestas y la falta de sintonía con las Comunidades Autónomas más afectadas. "Las negociaciones van más lento de lo que cabría esperar", explican fuentes ministeriales que, a su vez, han precisado que el Real Decreto se aprobará este mes.
Así, Madrid, donde se concentran el 47% de las licencias de Uber y Cabify, ha reiterado su negativa a asumir las competencias para regular las VTC y asegura estar a la "espera de recibir alguna propuesta en firme por parte de Fomento". En esta línea, el consejero de Fomento de Andalucía, Felipe López García, aseguró en una reunión con la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi que "no está muy de acuerdo con la transferencia de competencias, ya que supone pasar la patata caliente de unos a otros". Por su parte, Cataluña exige contar con la competencia plena en la materia, incluida la potestad legislativa.
Fuentes cercanas a las negociaciones explican que detrás de esta falta de acuerdo está la ausencia de una propuesta concreta por parte de Fomento, que ha reconocido que todavía no tiene el texto, y la exigencia de fondos (dotación presupuestaria) para hacer frente a los conflictos judiciales y al pago de indemnizaciones que puedan derivarse de las restricciones a las VTC.
Y es que en la Administración se es consciente de que existe el riesgo de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se oponga a cualquier medida encaminada a restringir la actividad de las VTC, que operan con libertad en todo el territorio. Así, tanto el superregulador como las VTC podrían demandar a las CCAA por atentar contra la libre competencia y acceso al mercado.
"Jurídicamente hay muchas dificultades para crear un marco legal que permita a los ayuntamientos aprobar ordenanzas que puedan restringir una autorización nacional", explican fuentes del sector.
Desde el punto de vista legal, abogados consultados por este diario señalan que la opción más viable, sin llegar a modificar la ley orgánica, es habilitar a las CCAA a que creen una segunda licencia de VTC para operar en su región sobre la que sí que podría establecer reglas distintas a las estatales para limitar la actividad. El problema es que se podría generar conflictos por las restricciones que pudieran poner a la actividad o si no dan licencias a todas las VTC que ya operan. En el caso de que se opte porque las autonomías regulen las licencias ya existentes, el Estado tendría que renunciar a su competencia, como ya hizo con el taxi, aunque para ello se tendría que cambiar la ley orgánica y no hay mayoría suficiente para ello.
Y es justo la dificultad en encontrar un encaje legal para que las CCAA creen un reglamento para las VTC que puedan desarrollar los ayuntamientos, vía ordenanzas, lo que retrasa la resolución del conflicto. "Se trabaja para habilitar a las autonomías, aunque no se sabe el encaje legal a aplicar", explican fuentes de la negociación.