Madrid
El cambio normativo que ultima el Ministerio de Fomento para regular y limitar la actividad de las VTC en las ciudades ha desatado todas las alertas en Uber y Cabify. Las dos compañías llevan semanas tratando de reunirse con el ministro José Luis Ábalos para negociar el futuro del sector y plantearle una reforma alternativa de la ley que no implique la desaparición de su modelo de negocio. Una empresa en la que todavía no han tenido éxito y que ha llevado al fundador de Cabify, Juan de Antonio, a preguntar públicamente al ministro si se iba a aprobar el Real Decreto Ley sin escucharles: "¿De verdad va a cambiar la ley sin sentarse a hablar con una de las partes interesadas?", cuestionó De Antonio durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum.
El plan que el sector de las VTC quiere presentar a Ábalos, con el que siguen sin fecha para verse, apuesta por la liberalización del taxi, es decir, tender a una especie de uberización del gremio, tal y como ha llegado a reclamar Fedetaxi en alguna ocasión, y rechaza la idea de tener que someterse a miles de regulaciones. "Hay que adecuar la normativa a los nuevos modos de transporte y favorecer la competencia en igualdad de condiciones en el segmento de la precontratación, adaptando la regulación", defendió en este sentido Eduardo Martín, presidente de la patronal de las VTC, Unauto, que lideran Uber y Cabify. Una igualdad de condiciones que también pasaría por que el taxi pague más impuestos.
Así, la propuesta elaborada por Unauto pivota sobre tres ejes: flexibilizar el horario y las tarifas del taxi con ofertas y precios prefijados, habilitar los viajes compartidos y crear un registro electrónico de la actividad que permita "igualar las cargas fiscales de taxis y VTC". "Gracias al sistema de módulos y estimación de kilometraje los taxistas se quedan con el IVA y pagan 80 euros de impuestos. Las VTC pagan entre nueve y once veces más", denunció el presidente de Unauto en evento con la prensa.
En este punto, la patronal sacó pecho de la fuerte contribución de las VTC a la economía y a las arcas públicas españolas y alertó de que la eliminación de las licencias podría tener un impacto de 1.350 millones de euros al año entre el IVA, las cotizaciones sociales, los salarios, las pólizas de seguros y el mantenimiento de las flotas. A su vez, el sector se está preparando para emprender una batalla legal contra el Gobierno si crea una doble licencia que les impida entrar en las ciudades. La patronal ha encargado un informe a EY sobre las posibles consecuencias económicas que señala que podrían reclamar 3.700 millones en indemnizaciones.
Aunque Fomento todavía no se ha pronunciado abiertamente sobre las medidas concretas que va a tomar para poner punto y final a la guerra del taxi, parece que la reforma va más encaminada a taxificar Uber y Cabify que a liberalizar el taxi. El ministro José Luis Ábalos insistió en que las VTC que operen en el ámbito urbano tendrán que someterse a la regulación municipal y autonómica y llegó a advertir al sector de que si insisten en responder solo a la legislación estatal "a lo mejor solo podrán hacer trayectos interurbanos". Así, los ayuntamientos tendrán en su mano la llave para limitar las VTC con la creación de una regulación que imponga horarios máximos, turnos, zonas de actuación e incluso tarifas.
