La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a Ryanair por presuntas anomalías en sus contratos. En pleno conflicto con los tripulantes de cabina (TCP) de media Europa y los pilotos de sus principales mercados, los inspectores del Ministerio de Empleo se han reunido con los representantes sindicales, han realizado varias visitas sorpresa a la base de Barcelona y se han entrevistado con una veintena de trabajadores para conocer de primera mano la política de contratación de la low cost irlandesa. En concreto, el pasado mes de marzo la dirección de Recursos Humanos de Workforce y Crewlink, las firmas de reclutamiento a través de las que Ryanair tiene contratada a más de la mitad de su plantilla de TCP, se puso en contacto con los trabajadores para que se reunieran con la inspectora de Trabajo.
Fuentes del Ministerio aseguran que todavía no se ha abierto ningún expediente contra la compañía que dirige Michael O'Leary y que el proceso es complicado ya que ésta se aferra a que opera bajo la legislación irlandesa, que permite una serie de prácticas que en nuestro país son ilegales. Así, desde Empleo y la Seguridad Social se está trabajando para ver cómo se puede conseguir que los trabajadores de Ryanair de las 12 bases españolas -unos 1.800 TCP y cientos de pilotos- se sometan a la legislación de nuestro país, explican fuentes cercanas al proceso.
Es decir, se está viendo cómo conseguir que sea obligatorio que Ryanair cumpla la legislación española para regularizar su situación y los pagos de las cotizaciones, que abona en Irlanda por defecto. El Gobierno francés ya obligó a Ryanair a cumplir con parte de la legislación local, lo que llevó a la firma a cerrar sus bases en el país.
Desde Empleo explican a su vez que los TCP también denunciaron en abril que la compañía había obligado a la plantilla de España a ir a las bases de Portugal para hacer el trabajo de los compañeros lusos en huelga. Aunque en España eso es ilegal, en Irlanda se puede hacer.
En esta línea, los tripulantes de cabina y los pilotos de media Europa también están haciendo todo lo posible para conseguir que Ryanair se someta a las legislaciones laborales de cada país. En concreto, los TCP o azafatas han convocado la primera huelga paneuropea para los días 25 y 26 julio, cuyas principales exigencias son el reconocimiento sindical y ser contratados bajo la ley nacional, algo a lo que la firma se niega. No en vano, este martes empresa y TCP terminaron la mediación sin acuerdo y, según relataron los representantes de los trabajadores, los abogados de Ryanair tacharon de "ilegal" la huelga y amenazaron con "denunciarla con todas sus consecuencias" y "abrir expedientes sancionadores". Por su parte, los pilotos españoles han llevado a Ryanair ante la Audiencia Nacional para intentar que la Justicia obligue a la firma a reconocerles como trabajadores españoles.
Trabajo abrió a principios de año la investigación a Ryanair de oficio ante la denuncia presentada en noviembre de 2017 por los representantes de los TPC. La Inspección se puso en contacto con el sindicato Sitcpla para pedir documentación y pruebas antes de iniciar los trabajos de campo.
Los sindicatos denuncian que las compañías de reclutamiento están vinculadas directamente a Ryanair
En el escrito presentado por el sindicato se denuncian hasta seis irregularidades como fraude, discriminación y multiplicidad de contratos para una misma función; encadenamiento en fraude de contratos temporales -renovaciones durante 10-12 años-; modificaciones sustanciales unilaterales y arbitrarias de las condiciones de trabajo; falta de regulación de la guardia legal con arbitrariedad en las concesiones que dan; falta de regulación en permisos de boda, enfermedad y fallecimiento de familiares; limbo jurídico del régimen general de la Seguridad Social en cuanto a incapacidad temporal, accidentes de trabajo, riesgo por embarazo, descanso maternal y permiso de lactancia, y el desconocimiento por parte de los tripulantes de las referencias básicas a la mutualidad de accidentes.
Según los representantes sindicales, la compañía de bajo coste paga sueldos más altos a los TCP que están contratados directamente por ellos que a los que operan a través de las firmas Workforce y Crewlink, aunque realicen el mismo trabajo, tengan las mismas responsabilidades y respondan ante los mismos jefes. En este punto, denuncian que las compañías de reclutamiento están vinculadas directamente a Ryanair. En cuanto a la modificación de las condiciones laborales, los TCP explican que el cambio voluntario de base lleva aparejada una reducción del salario y pérdida de antigüedad y de derechos.
Aunque Trabajo todavía no ha levantado ningún acta, Ryanair ha cambiado algunas cosas tras la visita de los inspectores. Por ejemplo, trabajadores de Ryanair contratados a través de Crewlink o Workforce explican que en mayo recibieron un correo de la dirección de Recursos Humanos para informarles de que pasarían a tener contrato indefinido.
También explican que se ha rebajado mucho la presión a los tripulantes para que vendan en los aviones. Sin embargo, desde USO denuncian que los trabajadores reciben amenazas de despido o cambio de base por motivos como "acumular cuatro bajas médicas justificadas en un año o no llegar a lo que consideran que son las obligaciones de venta a bordo".
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