La Comunidad de Madrid estrecha el cerco sobre los coches que trabajan con las plataformas Uber y Cabify. Las inspecciones en ruta a este tipo de servicios se han disparado un 63% en el último ejercicio, dejando a la vista un alto índice de infracción y de reiteración en las faltas, que ha llevado al Gobierno de Cristina Cifuentes a incoar 4.202 nuevos expedientes sancionadores, además de poner 905 multas a las VTC entre enero y octubre de 2017, más del triple que en el ejercicio anterior, según los datos de la Comunidad recogidos por Fedetaxi. La resolución de los expedientes se verá a lo largo de 2018, pero el 90% de los mismos suele prosperar.
Así, sí el año pasado se llevaron a cabo 10.128 inspecciones en el marco del plan de control de los vehículos para transporte de viajeros de hasta nueve plazas, la tasa de infracción de los coches que trabajan con Uber y Cabify se elevó al 42%, lo que supone un nivel muy alto si se compara con el indice del 10 ó 15% que registran las inspecciones de taquígrafo de los camiones.
Esta situación ha llevado a la Comunidad de Madrid a solicitar de forma oficial al Ministerio de Fomento que endurezca las sanciones vinculadas al incumplimiento de la normativa vigente por parte de los usuarios o los propietarios de las licencias VTC. Un guante que el departamento que dirige Íñigo de la Serna ha recogido, ya que, según informan desde Fedetaxi, el director general de Transporte del Ministerio, Joaquín del Moral, aseguró en una reunión con la federación que lo están estudiando. "Se encuentran en estudio un endurecimiento de dicha norma, sobre la que ofrecerán noticias en no mucho tiempo", explican desde la Federación que el miércoles se reunió con el directivo dentro de su plan de trabajo para defender el sector del taxi.
En este punto, lo que se reclama desde el Gobierno regional es reformar la ley de transportes para "suspender o retirar, al menos por un año, las autorizaciones y vehículos reincidentes en su conducta infractora a la normativa de transportes", solicitó Cifuentes.
El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid explicó que la principal causa de las denuncias está relacionada "con la carencia y falta de datos en las hojas de ruta, además de la captación de viajeros realizada sin que, de manera previa, haya sido contratado el servicio". Y es que carecer de la hoja de ruta o de la contratación correctamente cumplimentada (nombre y DNI del cliente, hora y sitio de recogida y destino) antes de empezar el servicio supone una falta grave, que está sancionada con multas de entre 601 y 1.000 euros. Y es que, según recoge el artículo 182 de la Ley de Transporte Terrestre, "el contrato de arrendamiento de vehículos con conductor deberá haber sido cumplimentado previamente a que se inicie la prestación del servicio contratado, debiendo llevarse a bordo del vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación".
Debido a que ésta es una de las infracciones más comunes, Fomento incluyó en el Real Decreto aprobado en diciembre de 2017 la obligación de comunicar telematicamente la hoja de contratación al organismo correspondiente antes de iniciar el trayecto. Una medida que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera abusiva.
Aun así, la medida no fija un tiempo mínimo entre la precontratación y la prestación del servicio, por lo que únicamente restará agilidad a las carreras.
En los cinco primeros meses del año, Madrid había abierto ya 1.400 expedientes sancionadores contra los vehículos de más de nueve pasajeros, un ritmo que se ha ido acelerando, en línea con el alza de las flotas de Uber y Cabify que operan en la capital: casi 3.000, lo que implica un alza del 50% en relación con enero de 2017 y un 11,3% más que en enero de este mismo año.
