La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmantela un cártel organizado por la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT) para pactar precios y encarecer los servicios al Gobierno de la Comunidad. Desde 2005, solo se presentaba una oferta de una empresa a cada ruta y lo hacía con el precio máximo de la licitación para garantizarse la máxima ganancia.
Durante 12 años, 34 de estas empresas han estado llegando a acuerdos para fijar precios mínimos y repartirse las rutas, encareciendo así los concursos del transporte escolar del Gobierno de Baleares.
La CNMC denuncia que se han encarecido los servicios públicos que presta la Consejería de Educación del Gobierno balear, que tiene la obligación de transportar gratuitamente a los niños cuando tienen que desplazarse a otra localidad distinta de la que residen para recibir la enseñanza obligatoria.
Según la investigación, estas empresas se han estado repartiendo los lotes con las rutas de transporte de niños hasta los centros públicos con efectos hasta el final del curso escolar 2016-2017. De forma que solo se presentaba una oferta de una empresa a cada ruta y lo hacía con el precio máximo de la licitación para garantizarse la máxima ganancia. Las 34 empresas participantes en el cártel han sido sancionadas por un total de 3,16 millones de euros por parte de la CNMC.
Papel de la patronal de transporte
La patronal de la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT) ha sido decisiva, dado que era quien convocaba y organizaba las reuniones del cártel en las que se adoptaron los acuerdos. En muchos casos se encargaba de recibir las ofertas de las empresas en sobre abierto, para comprobar que cumplían con lo acordado, y las presentaba ante la Consejería.
La FEBT recomendaba y difundía las tarifas para las excursiones y para los traslados de transporte discrecional en la isla de Mallorca desde 1977 hasta 2011. Por este motivo, la asociación ha sido sancionada con 20.000 euros.
Además, ocho empresas (siete de ellas que participaban además en el cártel) habían llegado a acuerdos bilaterales para repartirse los trayectos, las excursiones o los traslados y garantizarse el máximo beneficio al eliminar la competencia. Estos pactos, denominados "acuerdos de transporte" o "acuerdos de colaboración", han tenido diversa duración. Las sanciones impuestas por esta conducta ilícita se elevan en su totalidad a 5,98 millones de euros.
